Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este lunes el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó fijado en $635 billones. La decisión fue tomada por mayoría y le permite al Gobierno de Abelardo De La Espriella avanzar con el trámite del proyecto en el Congreso.

La votación marca el primer paso formal para sacar adelante las cuentas del Estado para el próximo año. Sin embargo, el presupuesto todavía no está completamente aprobado. Ahora comienza la discusión del articulado y, posteriormente, la definición de cómo se distribuirán los recursos entre sectores y regiones.

El presupuesto todavía puede cambiar

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, fue claro después de la votación: los $635 billones aprobados corresponden al monto general y todavía pueden presentarse modificaciones en la composición del presupuesto.

Gómez reconoció que esta no es la cifra con la que el Gobierno habría querido comenzar su administración, pero sostuvo que corresponde a las condiciones económicas que enfrenta actualmente el país. También anunció que durante las próximas semanas se realizarán mesas de trabajo con los congresistas para revisar la distribución de los recursos.

Entre las principales preocupaciones del Gobierno está el peso que tienen actualmente la deuda pública y los gastos de funcionamiento. El ministro señaló que la administración buscará reducir el impacto de estos dos componentes y aseguró que las partidas deberán manejarse bajo criterios de transparencia.

Un presupuesto marcado por el déficit fiscal

La aprobación llega en medio de una situación fiscal complicada para Colombia. El presupuesto de 2027 contempla un déficit fiscal proyectado de 9,4 % del Producto Interno Bruto, uno de los niveles más altos previstos para las finanzas públicas del país.

De acuerdo con Reuters, una parte importante de ese faltante tendría que ser financiada mediante un aumento del endeudamiento público.

El Gobierno de De La Espriella ha anunciado además una reforma tributaria denominada Ley de Salvamento, con la que pretende reducir el gasto público y llevar el déficit fiscal hacia el 7,2 % del PIB, nivel proyectado para 2026.

También se incorporaron necesidades por el terremoto

Durante la discusión del presupuesto se tuvieron en cuenta necesidades adicionales surgidas después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en agosto, especialmente las relacionadas con la atención y recuperación de las zonas afectadas.

El proyecto que inicialmente había presentado el Gobierno tuvo que ser revisado antes de llegar a la votación de las comisiones económicas, precisamente para incorporar nuevas necesidades de financiación.

Rodrigo Lara destacó el acuerdo con el Congreso

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, celebró la decisión de las comisiones económicas y destacó el respaldo obtenido por el Gobierno.

Lara sostuvo que la aprobación demuestra que el Ejecutivo y el Congreso pueden llegar a acuerdos sobre las principales decisiones de política pública y agradeció a los congresistas que respaldaron el monto propuesto.

Para el Gobierno, la votación también representa una señal política importante, porque se trata de uno de los primeros debates económicos de gran alcance que enfrenta la administración de De La Espriella ante el nuevo Congreso.

Lo que viene

El siguiente paso será discutir el articulado del proyecto. Allí estará buena parte de la discusión política y económica, porque no solo se definirá cuánto dinero tendrá el Estado en 2027, sino también en qué se gastará, qué sectores recibirán mayores recursos y cómo se financiarán las obligaciones del Gobierno.

El ministro Miguel Gómez insistió en que el monto aprobado todavía puede ser ajustado y que quedan varias semanas de trabajo antes de que el presupuesto llegue a su etapa definitiva.

Con los $635 billones aprobados, el Gobierno tiene ahora el camino abierto para continuar la discusión de su presupuesto, pero también enfrenta uno de sus mayores retos: conseguir que las cuentas de 2027 sean viables en medio de un déficit fiscal elevado, un fuerte peso de la deuda y la necesidad de atender nuevas obligaciones del Estado.