El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia por el Corredor Universitario y Villa Campestre, y lanzó una advertencia sobre la posible intervención de intereses políticos y privados en el trámite que ahora debe continuar en el Congreso de la República.
El pronunciamiento se conoció este lunes 14 de septiembre, en medio de una controversia que lleva varios años y que volvió a tomar fuerza después de las decisiones judiciales y del proceso de delimitación adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
El punto central de la disputa
La discusión gira alrededor de quién tiene la jurisdicción sobre sectores como el Corredor Universitario y Villa Campestre, zonas que durante años han estado en el centro de la controversia entre Barranquilla y Puerto Colombia.
Según explicó De La Espriella, después de decisiones adoptadas por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el IGAC realizó el proceso de delimitación utilizando criterios históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales y administrativos.
El resultado, según el mandatario, volvió a establecer estos sectores como territorio de Barranquilla.
Ahora la definición debe avanzar en el Congreso de la República, donde continuará el trámite relacionado con el diferendo territorial.
La advertencia del presidente
En medio de este escenario, De La Espriella manifestó su preocupación por la posibilidad de que actores políticos intervengan en la discusión parlamentaria.
El presidente mencionó directamente al denominado Clan Torres y aseguró que existe un intento de influir en el proceso que ya adelantó el IGAC.
Su llamado fue a que el Congreso mantenga independencia frente a cualquier presión externa y que la decisión se tome con base en los elementos técnicos y jurídicos que hacen parte del proceso.
Intereses políticos y privados
De La Espriella también cuestionó que intereses políticos o particulares puedan terminar teniendo mayor peso que las normas que deben regir la delimitación territorial.
El mandatario sostuvo que los intereses vinculados con administraciones anteriores y sectores privados no deberían imponerse sobre lo que establecen la Constitución y la ley.
La afirmación pone nuevamente sobre la mesa una discusión que no solo tiene implicaciones administrativas. La definición del territorio también tiene efectos sobre la planeación urbana, la prestación de servicios, los impuestos, las inversiones públicas y las responsabilidades de las autoridades locales.
El proceso queda ahora en manos del Congreso
Con la delimitación realizada por el IGAC y los antecedentes judiciales mencionados por el Gobierno, el siguiente escenario de la discusión será el Congreso.
Allí deberán analizarse los elementos técnicos, históricos y jurídicos relacionados con los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia antes de tomar una decisión.
Por ahora, la posición expresada por el presidente De La Espriella es clara: el trámite debe avanzar sin presiones y con independencia frente a intereses políticos o privados.
La disputa por el Corredor Universitario y Villa Campestre continúa abierta y será el Congreso el que tenga ahora un papel determinante en la definición del diferendo territorial.
