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Fiscalía reactiva las órdenes de captura contra tres jefes del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación volvió a activar las órdenes de captura contra tres integrantes de alto nivel del Clan del Golfo que habían sido autorizados para participar en los acercamientos y conversaciones con el Gobierno durante la administración de Gustavo Petro.

La decisión se conoció el domingo 13 de septiembre, después de que el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización armada. La medida fue adoptada mediante la Resolución 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

Los tres hombres que vuelven a estar bajo orden de captura

Las órdenes fueron reactivadas contra Orozman Orlando Osten Blanco, conocido como alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.

Los tres habían sido beneficiados con la suspensión de las órdenes de captura mientras participaban como representantes del Clan del Golfo en los espacios de acercamiento con el Gobierno.

Alias Rodrigo Flechas es señalado como uno de los hombres con mayor trayectoria dentro de la estructura criminal. Según información conocida por las autoridades, habría ejercido funciones de mando y control territorial en diferentes zonas.

Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, también tuvo un papel visible durante los acercamientos. Antes de llegar al Clan del Golfo, las autoridades han señalado su paso por otras estructuras armadas y su relación con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El tercer hombre es Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo, identificado como uno de los representantes políticos de la organización durante las conversaciones. Su nombre tomó relevancia por su participación en encuentros realizados en Catar dentro de las primeras rondas de conversaciones con el Gobierno Petro.

El fin de las conversaciones cambió la situación judicial

La decisión de la Fiscalía está directamente relacionada con el cierre del espacio de conversaciones entre el Gobierno y el grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó el final de esta fase mediante la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026.

La determinación se tomó después de que, según explicó el Gobierno, no se lograra establecer una ruta concreta para el sometimiento a la justicia de los integrantes de esta organización ni una salida jurídica que permitiera avanzar en el proceso.

Con el cierre de las conversaciones, quedaron sin efecto las condiciones que habían permitido suspender temporalmente algunas órdenes de captura. Por esa razón, la Fiscalía procedió a reactivarlas.

La Fiscalía hizo una precisión

La Fiscalía aclaró que la medida no significa que todas las órdenes de captura relacionadas con integrantes del Clan del Golfo hayan sido reactivadas.

En algunos casos, las órdenes nunca fueron suspendidas y, por lo tanto, continúan vigentes sin necesidad de una nueva decisión.

Entre esos casos está el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo. Su orden de captura permanecía activa y la Policía Judicial fue informada para que adelante las actuaciones correspondientes.

La decisión ya fue comunicada a las autoridades

La Fiscalía informó que las órdenes de captura contra Rodrigo Flechas, El Cura y Bruno o Jerónimo fueron comunicadas a las autoridades de Policía Judicial para que procedan dentro de sus competencias.

Con esta decisión, los tres hombres que habían tenido un papel como representantes del Clan del Golfo durante los acercamientos con el anterior Gobierno vuelven a enfrentar las órdenes judiciales que habían quedado suspendidas mientras avanzaban esas conversaciones.

El escenario cambia nuevamente para los integrantes de la organización, luego de que el Gobierno nacional cerrara oficialmente la puerta a esta etapa de conversaciones y la Fiscalía retomara las actuaciones judiciales que habían quedado suspendidas.