El presidente Abelardo de la Espriella anunció un nuevo protocolo nacional para responder a hechos violentos que se presenten en universidades públicas del país y dejó claro que su Gobierno no permitirá que los campus sean utilizados para cometer delitos o preparar ataques.

La decisión fue anunciada durante la alocución presidencial del domingo 13 de septiembre, en la que el mandatario marcó una diferencia entre el derecho a la protesta y las acciones que impliquen violencia, vandalismo o alteraciones graves del orden público.

De la Espriella aseguró que las manifestaciones pacíficas seguirán siendo respetadas, pero advirtió que cuando se presenten hechos violentos las autoridades tendrán que intervenir.

“Entraré a las universidades públicas para sacar a quienes cometan actos violentos”, afirmó el presidente, al referirse a la actuación que tendrá su Gobierno frente a quienes utilicen estos espacios para cometer delitos.

Un protocolo para determinar cuándo intervenir

Según explicó el mandatario, el Gobierno trabaja en un protocolo nacional que deberá establecer con claridad en qué momento una situación corresponde a una protesta legítima y cuándo se convierte en un escenario que requiere la intervención de las autoridades.

Entre los casos que serán contemplados están los hechos de violencia, situaciones de flagrancia, peligro para las personas y alteraciones extraordinarias del orden público.

La intención es que la Fuerza Pública tenga definidos los procedimientos que debe seguir cuando dentro o en inmediaciones de una universidad se presenten situaciones que representen un riesgo para estudiantes, profesores, trabajadores, ciudadanos o integrantes de la propia Policía.

El Gobierno dice que respetará la protesta pacífica

De la Espriella insistió en que la medida no está dirigida contra quienes participen en manifestaciones pacíficas.

El presidente aseguró que quienes protesten dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley tendrán garantías para hacerlo. La diferencia, según el Gobierno, está en las acciones que pasen de la protesta a la violencia o al delito.

En ese sentido, el mandatario señaló que no permitirá que la autonomía universitaria sea utilizada como argumento para impedir la actuación de las autoridades frente a hechos que puedan constituir delitos.

La autonomía universitaria entra nuevamente en el debate

El anuncio abrió una discusión sobre los límites de la autonomía de las universidades públicas y las condiciones bajo las cuales puede ingresar la Fuerza Pública a estos espacios.

El artículo 69 de la Constitución Política reconoce la autonomía universitaria y establece que las instituciones pueden darse sus propias directivas y regirse por sus estatutos, de acuerdo con la ley.

Sin embargo, el propio rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, señaló que autonomía no significa que las universidades estén por fuera de la ley. Peña sostuvo que, cuando se comete un delito, la Policía y la Fiscalía tienen la obligación de actuar.

El rector también planteó que la respuesta debería apoyarse en inteligencia y en protocolos que permitan identificar a personas externas que puedan estar utilizando los campus para cometer hechos violentos.

Universidades y sectores políticos reaccionan

La propuesta de De la Espriella generó posiciones encontradas.

Sectores políticos respaldaron la decisión y consideraron necesario impedir que grupos violentos utilicen las universidades como escenario para cometer delitos. Entre quienes expresaron respaldo están la representante a la Cámara Carol Borda, la exsenadora María Fernanda Cabal y la excandidata presidencial Vicky Dávila.

Desde sectores universitarios, en cambio, surgieron advertencias sobre los riesgos que podría tener una intervención de la Fuerza Pública en los campus.

La Universidad Pedagógica Nacional recordó episodios de violencia ocurridos históricamente en instituciones de educación superior y manifestó su preocupación por medidas que puedan afectar derechos como la protesta pacífica, la libertad de expresión y la autonomía universitaria.

En la Universidad del Valle, su rector Guillermo Murillo sostuvo que varios de los episodios violentos que se han presentado alrededor de la institución involucran a personas que no hacen parte de la comunidad universitaria.

El protocolo todavía está por definirse

Por ahora, el Gobierno no ha entregado todos los detalles de cómo funcionará el nuevo protocolo ni cuáles serán exactamente los procedimientos que deberán aplicar los uniformados en cada situación.

El Ministerio de Justicia señaló que la autonomía universitaria es una garantía constitucional, pero también sostuvo que las universidades no están por fuera de la Constitución, la ley ni de las competencias de las autoridades.

El debate queda abierto mientras el Gobierno termina de definir las reglas que determinarán cuándo podrá intervenir la Fuerza Pública en las universidades públicas.

La discusión tendrá que resolver un punto central: cómo garantizar el derecho a la protesta y la autonomía universitaria sin permitir que los campus sean utilizados para cometer delitos o poner en riesgo la seguridad de quienes permanecen dentro de ellos.