La paciencia de los barranquilleros tocó fondo. La tensión en los barrios del suroriente y suroccidente viene en aumento debido a lo que los mismos residentes consideran un “atraco legalizado” en sus facturas de energía. En sectores vulnerables como La Manga, Las Nieves y Carrizal, la paciencia se agotó y la comunidad optó por la vía de hecho: bloquear el paso de los vehículos y frenar de frente los trabajos de las cuadrillas técnicas para evitar que impongan el sistema de medidores totalizadores.

El problema de fondo es la forma en que la empresa prestadora está cobrando la energía que se pierde en el sector. Cuando ocurren fraudes, robos de fluido o conexiones ilegales en la zona, la diferencia en el consumo no la asume la compañía, sino que termina repartida de forma arbitraria en los recibos de todos los vecinos. Esto provoca incrementos drásticos en las planillas de personas que pagan su servicio puntual mes a mes, llevándolos a una situación económica insostenible.

Frente al silencio prolongado de la administración y a los vacíos en la respuesta del operador, los líderes de la comunidad de estratos 1, 2 y 3 levantaron la voz con respaldo legal. Las organizaciones defensoras de los servicios públicos le recuerdan a la opinión pública que las normas vigentes prohíben de manera categórica trasladar la ineficiencia operativa o las “pérdidas no técnicas” al usuario cumplido.

Mientras la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios avanza en el proceso de administración de la compañía de energía, los habitantes exigen que la Alcaldía de Barranquilla y los entes de control reaccionen con firmeza. La consigna en las calles es clara: las autoridades deben frenar lo que catalogan como una violación sistemática a los derechos de los usuarios antes de que la parálisis y la indignación popular se extiendan a toda la capital del Atlántico.