El Consejo de Estado cerró la discusión sobre la participación de varios congresistas en la colecta conocida como la “vaca” por las vías 4G de Antioquia. En segunda instancia, la Sala Plena determinó que no había razones para quitarles la investidura y confirmó que los aportes realizados en 2024 no configuraron una causal de pérdida de investidura.

La demanda había cuestionado los aportes hechos por congresistas que decidieron respaldar económicamente la iniciativa promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para conseguir recursos destinados a proyectos viales de cuarta generación en el departamento.

Los legisladores señalados fueron Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid, Jhon Jairo Berrío y Julián Peinado. Todos habían sido elegidos para el periodo legislativo 2022-2026.

Qué estaba en discusión

El proceso judicial fue promovido por el abogado Carlos Mario Patiño, quien sostuvo que los congresistas podían haber incurrido en una incompatibilidad al entregar dinero para una iniciativa relacionada con una entidad pública.

La discusión estaba en determinar si esos aportes podían considerarse un contrato estatal de donación. De ser así, según los argumentos de la demanda, podría existir una causal para solicitar la pérdida de investidura de los congresistas.

El Consejo de Estado no compartió esa interpretación.

No hubo contrato estatal

Para la Sala Plena, los aportes no llegaron a convertirse en un contrato estatal. Uno de los argumentos centrales fue que no existió un documento escrito que formalizara un acuerdo de ese tipo entre los congresistas y la Gobernación de Antioquia.

El alto tribunal también explicó que el hecho de que la Gobernación hubiera denominado los recursos como “donaciones” no significaba, por sí solo, que se hubiera perfeccionado un contrato.

Además, el Consejo de Estado señaló que, de acuerdo con las normas civiles sobre la donación, era necesaria la aceptación formal por parte del beneficiario. En este caso, esa aceptación no llegó a concretarse en los términos requeridos.

Los recursos entregados en 2024

La llamada “vaca” fue promovida en marzo de 2024 por el gobernador Andrés Julián Rendón como una colecta ciudadana para ayudar a financiar la terminación de proyectos de infraestructura vial 4G en Antioquia.

Los congresistas que respaldaron la iniciativa hicieron aportes personales que, según la información conocida durante el proceso, estuvieron entre uno y 1,5 millones de pesos por legislador.

El caso generó polémica desde el comienzo, especialmente por tratarse de congresistas en ejercicio aportando dinero a una iniciativa impulsada por una administración departamental.

Algunos de los legisladores, entre ellos Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Hernán Cadavid, posteriormente solicitaron la devolución de los recursos. La Secretaría de Hacienda de Antioquia realizó esos reintegros al establecerse que el trámite de la donación no se había perfeccionado.

El tribunal tampoco encontró interés particular

Otro de los puntos revisados por el Consejo de Estado fue si los congresistas habían utilizado su condición de servidores públicos para obtener algún beneficio particular con sus aportes.

La Sala concluyó que no se demostró que los legisladores hubieran buscado un provecho personal, un interés particular o un beneficio electoral mediante la entrega del dinero.

Por el contrario, el tribunal consideró los aportes como una expresión de solidaridad y colaboración ciudadana dentro de los límites establecidos por la Constitución.

La decisión queda en firme

El fallo de segunda instancia ratifica la decisión que ya había sido tomada en junio de 2024 por la Sala Segunda Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.

Con esta determinación, los congresistas involucrados conservan su investidura y queda descartada, por este proceso, la llamada “muerte política”.

La decisión también deja establecido que los aportes realizados a la “vaca” por las vías de Antioquia no fueron considerados por el Consejo de Estado como un contrato estatal ni como una actuación que justificara la pérdida de investidura.

El caso se convirtió en uno de los debates jurídicos y políticos más llamativos alrededor de la colecta impulsada en Antioquia en 2024, pero con el fallo de segunda instancia el Consejo de Estado dejó claro que, en este caso concreto, no encontró fundamento para retirarles la investidura a los congresistas demandados.