Una nueva denuncia por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto armado volvió a poner en el centro del debate a la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez, cuyo nombre es Griselda Lobo Silva. Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento forzado por parte de las extintas Farc, aseguró que cuando tenía apenas 12 años fue obligada por la exguerrillera a desfilar en ropa interior frente a comandantes de la organización, antes de ser víctima de una violación colectiva. La mujer pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzar en las investigaciones y vincular formalmente a la excongresista por estos hechos.

En entrevista con La FM, Guanaro relató que fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años y que durante su permanencia en el grupo armado sufrió múltiples episodios de violencia física, psicológica y sexual. Según su testimonio, Sandra Ramírez habría obligado a varias niñas, entre ellas ella, a vestir ropa interior para mujeres adultas y desfilar frente a altos mandos guerrilleros que se encontraban bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, afirmó, algunas de las menores eran víctimas de abusos sexuales.

La denunciante señaló que uno de los presuntos responsables de las agresiones fue el excomandante guerrillero Pablo Catatumbo, hoy firmante del Acuerdo de Paz, además de otro hombre cuya identidad asegura desconocer. Guanaro sostuvo que no fue la única víctima y que, al menos, otras quince menores habrían sido sometidas a hechos similares dentro de la estructura armada ilegal.

Deisy Guanaro manifestó que entregó un testimonio de aproximadamente ocho horas ante la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, en el marco del Macrocaso 07 de la JEP, relacionado con el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado. Sin embargo, aseguró sentirse frustrada porque, según indicó, Sandra Ramírez aún no ha sido llamada a rendir versión sobre las acusaciones formuladas por varias víctimas. También afirmó haber presentado derechos de petición para conocer el avance del proceso sin obtener una respuesta definitiva.

La víctima denunció además que, tras hacer públicas sus declaraciones, ha recibido amenazas de muerte contra ella y su familia, situación que, según explicó, ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante varias denuncias. Asimismo, aseguró que la exposición de su caso le ha generado dificultades para acceder a oportunidades laborales, ya que afirma haber sido rechazada en diferentes procesos de selección por ser una de las denunciantes de estos hechos.

Las declaraciones de Guanaro reavivaron la discusión sobre la responsabilidad de antiguos integrantes de las Farc en casos de reclutamiento de menores y violencia sexual. Diversas organizaciones de víctimas han insistido en que la JEP debe avanzar en el esclarecimiento de estos delitos y establecer las responsabilidades individuales de quienes habrían participado o permitido estas conductas durante el conflicto armado.

Por su parte, Sandra Ramírez ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra. La exsenadora ha manifestado públicamente que nunca cometió los delitos que le atribuyen y ha asegurado que está dispuesta a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz si es requerida oficialmente. También ha señalado que continuará colaborando con la justicia transicional y ha reiterado su disposición de pedir perdón a las víctimas por los hechos ocurridos durante el conflicto, al tiempo que sostiene que será la JEP la encargada de establecer la verdad judicial sobre estos señalamientos.