El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió a los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, por la manera en que el Gobierno presentó públicamente los resultados de la Operación Azarías, realizada contra estructuras armadas ilegales en el departamento del Guaviare.

La discusión se originó después de que Marín cuestionara la exposición pública de los cuerpos de integrantes de grupos armados muertos durante operaciones militares. La defensora sostuvo que el Estado no debe entrar en una competencia para demostrar quién puede ser más cruel y recordó que, incluso en medio del conflicto, las autoridades tienen límites establecidos por la Constitución, la ley y el derecho internacional humanitario.

La respuesta del Gobierno llegó a través de Rodrigo Lara, quien reconoció el papel de la Defensoría del Pueblo, pero rechazó que las actuaciones de la Fuerza Pública puedan ser comparadas con las de las organizaciones criminales.

Lara calificó el pronunciamiento de Marín como una “triste equivocación” y aseguró que no corresponde poner en el mismo nivel al Estado y a las bandas narcoterroristas.

El ministro sostuvo que el Gobierno tiene la obligación constitucional de enfrentar a los grupos armados que amenazan a la población y señaló que la administración del presidente Abelardo de la Espriella mantendrá su ofensiva contra las estructuras criminales.

“La Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetamos y valoramos”, afirmó Lara, al tiempo que manifestó que el Gobierno espera continuar trabajando con esa entidad en la protección de las víctimas y en la defensa de los derechos humanos.

El origen de la discusión

La controversia está relacionada con la Operación Azarías, un operativo militar desarrollado en el Guaviare contra integrantes de las disidencias de las FARC, señaladas de estar bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El operativo dejó 23 integrantes de esos grupos armados muertos, de acuerdo con los reportes conocidos sobre la acción militar. Posteriormente circularon imágenes en las que aparecían los cuerpos de los fallecidos, situación que llevó a la defensora del Pueblo a pronunciarse públicamente.

Iris Marín dejó claro que su cuestionamiento no estaba dirigido contra la obligación de la Fuerza Pública de combatir a las organizaciones ilegales. Su preocupación se concentró en la forma en que se presentan los resultados de esas operaciones y, particularmente, en el tratamiento público de los cuerpos de las personas que mueren durante los enfrentamientos.

La funcionaria planteó que la autoridad del Estado debe demostrarse mediante la protección de la población y el cumplimiento de la ley, no a través de imágenes que puedan terminar convirtiendo la muerte en un mensaje de poder.

Lara defiende el nuevo rumbo de seguridad

En medio de la respuesta, Rodrigo Lara también aprovechó para marcar una posición política frente a la denominada política de Paz Total implementada durante el gobierno anterior.

El ministro afirmó que Colombia está dejando atrás esa estrategia y cuestionó que, a su juicio, permitió que comunidades enteras quedaran expuestas al control de organizaciones criminales.

Lara insistió en que la prioridad del actual Gobierno será recuperar el control territorial y enfrentar a los grupos que utilizan la violencia, el reclutamiento de menores y el terrorismo contra la población.

A pesar del fuerte intercambio, el ministro manifestó que espera que la Defensoría continúe acompañando al Gobierno en la protección de las víctimas.

Iris Marín mantiene sus reparos

La defensora del Pueblo posteriormente respondió al ministro y agradeció que reconociera el papel de la institución. Sin embargo, mantuvo su preocupación por la manera en que se están comunicando los resultados de las operaciones militares.

Marín reiteró que no está cuestionando el deber constitucional de la Fuerza Pública de combatir a los grupos armados ilegales, sino la forma en que se exhiben los resultados y el mensaje que esas imágenes pueden transmitir a la sociedad.

La funcionaria también planteó que, más allá de la controversia pública, Gobierno y Defensoría deberían concentrarse en atender las alertas tempranas y proteger a las comunidades que permanecen en zonas afectadas por la violencia.

El intercambio entre Lara y Marín deja así abierta una discusión que va más allá de una diferencia entre dos funcionarios. En el fondo está el debate sobre cómo debe comunicar el Estado sus operaciones militares, hasta dónde puede llegar la exposición pública de los resultados y cómo mantener, al mismo tiempo, la contundencia frente a los grupos armados y el respeto por la dignidad humana.