La situación financiera y administrativa de la Nueva EPS vuelve a estar en el centro de la discusión nacional. La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones para determinar si antiguos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y directivos que estuvieron al frente de la entidad tuvieron alguna responsabilidad en el deterioro que hoy enfrenta la EPS.
Entre los nombres que aparecen en las actuaciones del Ministerio Público están Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud; Daniel Quintero, exsuperintendente Nacional de Salud, y Jorge Iván Ospina, quien estuvo como interventor de la Nueva EPS.
La Procuraduría busca establecer si durante sus respectivas gestiones se presentaron decisiones, omisiones o actuaciones administrativas que terminaron agravando la situación financiera de la entidad y afectando la atención de sus afiliados.
Las cuentas que preocupan al Ministerio Público
Uno de los puntos que será revisado son los problemas financieros acumulados por la Nueva EPS. De acuerdo con la información que hace parte del expediente, la entidad registra pasivos y anticipos pendientes de legalización que superan los 17 billones de pesos.
La Procuraduría pretende establecer cómo se manejaron esos recursos y qué decisiones se tomaron mientras la entidad avanzaba hacia una situación cada vez más complicada.
El organismo de control también revisará si las medidas adoptadas durante la intervención estatal fueron suficientes para contener el deterioro o, por el contrario, terminaron profundizando algunos de los problemas que ya presentaba la EPS.
Aumentaron las quejas de los pacientes
El problema financiero no se ha quedado únicamente en los balances de la entidad. La situación también se ha reflejado en el número de reclamos de los usuarios que denuncian dificultades para recibir medicamentos, tratamientos y otros servicios médicos.
Según el reporte conocido por la Procuraduría, la Nueva EPS recibió 76.279 tutelas durante los últimos siete meses del Gobierno de Gustavo Petro. Esa cifra la ubicó como la EPS con mayor número de acciones judiciales de este tipo, con el 11,5 % del total registrado contra estas entidades.
El dato ha encendido nuevamente las alarmas sobre las condiciones en las que están siendo atendidos los afiliados, especialmente aquellos que requieren tratamientos permanentes o servicios de alto costo.
La Corte Suprema también intervino
La situación de las tutelas llevó recientemente a la Corte Suprema de Justicia a ordenar medidas concretas para enfrentar los incumplimientos de órdenes judiciales contra la Nueva EPS.
El alto tribunal dio un plazo de 60 días para que el Gobierno y el Ministerio de Salud presenten un plan destinado a superar progresivamente los casos en los que la entidad no ha cumplido órdenes de tutela relacionadas con servicios y medicamentos.
La Corte pidió además que se priorice la atención de pacientes que se encuentren en grave riesgo y de personas que tengan una especial protección constitucional.
Cambió el interventor de la Nueva EPS
En medio de esta situación, la Superintendencia Nacional de Salud también cambió al responsable de la intervención de la entidad.
Roberto José Tercero Solano Navarra fue designado como nuevo agente especial interventor de la Nueva EPS, en reemplazo de Jorge Iván Ospina Gómez.
El nombramiento quedó establecido mediante la Resolución 2026320030008580-6 del 18 de agosto de 2026 y contempla que Tercero Solano permanezca en el cargo hasta el 10 de abril de 2027.
La Nueva EPS continúa bajo intervención forzosa administrativa mientras enfrenta dificultades financieras, administrativas, jurídicas y relacionadas con la prestación de los servicios.
Qué busca determinar la investigación
La Procuraduría todavía no ha establecido responsabilidades individuales. Lo que inició es una investigación para determinar si existieron conductas u omisiones que puedan generar consecuencias disciplinarias y, si corresponde, que deban ser conocidas por otras autoridades.
Por ahora, Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina aparecen dentro del proceso de indagación, pero será necesario avanzar en la recopilación de documentos, información financiera y demás pruebas antes de determinar si hubo alguna responsabilidad.
El caso pone nuevamente bajo presión al sistema de salud y, especialmente, a una de las EPS con mayor número de afiliados del país. Mientras avanzan las investigaciones, los usuarios siguen esperando que las decisiones administrativas y financieras se traduzcan en algo concreto: medicamentos entregados a tiempo, tratamientos autorizados y atención médica sin nuevas barreras.
