El Gobierno nacional ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, en una nueva medida para intentar cortar la comunicación entre cabecillas de estructuras criminales y sus redes que operan en las calles.
La decisión fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella y ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. De los 20 internos, diez permanecían en estaciones de Policía y los otros diez estaban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.
Entre los nombres incluidos en el traslado aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, conocido como alias Rodrigo o El Gamo, señalado de pertenecer a Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o Comandante Gabino, señalado como integrante de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo; y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito, también relacionado por las autoridades con Los Costeños.
La lista entregada por el Gobierno también incluye a Erick Fabián Molina Mendoza, Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito; Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan, entre otros.
El traslado se realizó bajo un amplio dispositivo de seguridad con participación de la Fuerza Pública. El objetivo, según explicó el presidente De la Espriella, es impedir que estas personas continúen utilizando los centros de reclusión como puntos para impartir órdenes, coordinar extorsiones, amenazas u otras actividades relacionadas con el crimen organizado.
Una vez trasladados a Bogotá, los 20 internos serán distribuidos durante los siguientes 15 días en diferentes establecimientos penitenciarios del país. La ubicación de cada uno será determinada por el INPEC de acuerdo con las condiciones de seguridad y el nivel de riesgo de los privados de la libertad.
La medida llega después del consejo de seguridad realizado en Barranquilla, donde el presidente anunció un endurecimiento de la estrategia contra las organizaciones criminales que tienen presencia en la ciudad y el departamento del Atlántico.
El Gobierno nacional ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, en una nueva medida para intentar cortar la comunicación entre cabecillas de estructuras criminales y sus redes que operan en las calles
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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, respaldó la decisión y agradeció al mandatario nacional por atender la situación de seguridad de la ciudad. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, también destacó el traslado y sostuvo que sacar a estos internos de Barranquilla puede ayudar a cortar parte de la dinámica criminal que, según las autoridades, se mantiene desde las cárceles.
El movimiento de estos 20 internos hace parte de una estrategia más amplia. El INPEC informó recientemente que durante el actual Gobierno ya se han realizado más de 400 traslados de personas privadas de la libertad en diferentes centros penitenciarios del país.
Sin embargo, especialistas advierten que mover a los internos de una cárcel a otra no resuelve por sí solo el problema. El investigador Luis Trejos, de la Universidad del Norte, señaló que los traslados pueden limitar temporalmente la capacidad de acción de algunos delincuentes, pero deben estar acompañados de un mayor control dentro de los establecimientos penitenciarios.
El desafío para las autoridades será evitar que las organizaciones criminales vuelvan a establecer mecanismos de comunicación y operación desde los nuevos lugares de reclusión. Para los expertos, recuperar el control efectivo de las cárceles es tan importante como decidir a qué establecimientos son enviados los internos.
La decisión también se conoce en medio de una ofensiva más amplia del Gobierno contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otras actividades criminales. De la Espriella anunció que estas organizaciones serán enfrentadas bajo una misma estrategia de seguridad y que la Fuerza Pública deberá actuar de manera coordinada.
Con estos 20 traslados, Barranquilla queda en el centro de una estrategia que busca reducir la capacidad de los grupos criminales para operar desde las cárceles. Ahora el resultado dependerá de que los controles se mantengan en los nuevos centros penitenciarios y de que las autoridades logren impedir que las órdenes criminales sigan llegando desde las prisiones hasta las calles del Caribe colombiano.
