El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, restablecer de manera transitoria las medidas de seguridad que tenía asignadas Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, y exgerente del Fondo de Adaptación.

La decisión fue conocida el 25 de agosto de 2026, después de que Rodríguez impugnara un fallo de tutela de primera instancia que había resultado contrario a sus pretensiones. El Tribunal consideró necesario que la exfuncionaria vuelva a contar temporalmente con las medidas de protección mientras se realiza una nueva evaluación de su situación.

La orden establece además que la UNP deberá realizar un nuevo estudio de seguridad en un plazo máximo de 48 horas. El propósito es determinar cuál es el nivel de riesgo que enfrenta actualmente Rodríguez y, con base en esa valoración, establecer qué medidas de protección necesita.

Uno de los puntos que tuvo en cuenta el Tribunal es que Angie Rodríguez ya no ocupa el cargo de gerente del Fondo de Adaptación. Por esa razón, la nueva evaluación no podrá limitarse a las circunstancias que rodeaban su anterior función, sino que deberá analizar las condiciones actuales de la exfuncionaria.

Durante el periodo en que estuvo al frente del Fondo de Adaptación, la UNP había establecido que Rodríguez enfrentaba un nivel de riesgo extraordinario. En el proceso judicial también fueron expuestas las amenazas que, según la exfuncionaria, recibió mientras hacía parte del Gobierno de Gustavo Petro.

Rodríguez ocupó además la dirección del DAPRE y posteriormente salió de la gerencia del Fondo de Adaptación. Su salida se produjo después de que denunciara presuntas irregularidades relacionadas con la administración pública, situación que también ha marcado su exposición política y pública.

El Tribunal no estableció de manera definitiva cuál deberá ser el esquema de seguridad de la exfuncionaria. La orden tiene carácter transitorio y busca que exista protección mientras la UNP realiza el nuevo estudio de riesgo y adopta una decisión ajustada a las circunstancias actuales.

La decisión judicial también pone el foco sobre la forma en que la UNP actualiza los esquemas de protección cuando una persona deja un cargo público. En este caso, el Tribunal consideró necesario que la evaluación tenga en cuenta tanto los cambios en la situación laboral de Rodríguez como los antecedentes de seguridad expuestos durante el proceso.

Ahora la responsabilidad queda en manos de la Unidad Nacional de Protección. La entidad deberá cumplir el plazo de 48 horas fijado por el Tribunal para realizar el nuevo estudio y posteriormente definir las medidas que correspondan.

Por el momento, Angie Rodríguez recuperará de manera transitoria las medidas de protección que tenía asignadas. La decisión definitiva sobre su esquema dependerá del resultado de la nueva evaluación de riesgo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de los funcionarios y exfuncionarios que aseguran haber recibido amenazas por sus actuaciones dentro del Estado y el papel que debe cumplir la UNP para garantizar que las medidas de seguridad respondan a las circunstancias reales de cada persona.

Fuente Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Caracol Radio. La información fue publicada el 25 de agosto de 2026.