En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación recibió denuncias anónimas que señalan posibles irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica de Urrá. Las acusaciones vinculan al hijo de la primera dama, Verónica Alcocer, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en presuntos casos de tráfico de influencias y corrupción.

Según documentos entregados por el equipo legal del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se habrían detectado maniobras para beneficiar de forma indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS. La FM de RCN reveló que antes de que estas denuncias llegaran a la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro ya tenía conocimiento de los hechos y había solicitado que se remitieran los documentos como parte de las investigaciones en curso.

Detalles de las acusaciones

Una de las denuncias apunta a David Cerón, cercano a Nicolás Alcocer, quien presuntamente habría presionado a funcionarios de Urrá para obtener ventajas en la adjudicación del proyecto Parque Solar Inti II. Además, se señala que exfuncionarios del Gobierno habrían utilizado información privilegiada de los procesos licitatorios de Urrá S.A. E.S.P. para favorecer contrataciones específicas.

Por otro lado, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, enfrenta cuestionamientos por la supuesta influencia de su pareja, Julián Caicedo, en decisiones de la petrolera. Al respecto, Roa respondió: “Mi pareja no tiene, no ha tenido, ni tendrá vínculo alguno con Ecopetrol ni con sus procesos de contratación”.

Posición de las empresas involucradas

La hidroeléctrica Urrá emitió un comunicado rechazando las acusaciones y aseguró que todas sus decisiones se toman con base en criterios técnicos, alejados de intereses políticos. “Desde la construcción y operación de la Central Hidroeléctrica Urrá no existen vínculos indebidos ni relaciones privilegiadas que afecten los procesos de contratación”, señaló la empresa.

Reacciones y próximos pasos

El caso ha generado gran revuelo, especialmente por la vinculación de figuras cercanas al Gobierno. La Fiscalía avanza en las investigaciones para determinar la veracidad de las denuncias y establecer responsabilidades. Mientras tanto, sectores políticos y sociales piden transparencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos.

Esta controversia podría convertirse en un nuevo reto para la administración Petro, que ya enfrenta cuestionamientos en otros frentes relacionados con presunta corrupción y manejos irregulares en entidades del Estado.