La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que extiende de cinco a seis años el período presidencial, una medida que permitirá al presidente Daniel Ortega y a la copresidenta Rosario Murillo permanecer un año más en el poder durante cada mandato. La iniciativa fue respaldada por la mayoría oficialista y hace parte de un paquete de cambios impulsados por el Gobierno sandinista para reorganizar la estructura política del país.

Con la modificación, el próximo período presidencial abarcará seis años y entrará en vigor a partir de las elecciones generales previstas para 2027. La reforma también ajusta la duración de los cargos de diputados de la Asamblea Nacional y de otras autoridades elegidas por voto popular, con el propósito de unificar los calendarios electorales y administrativos del Estado.

El presidente Daniel Ortega, de 80 años, ha gobernado Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007, mientras que Rosario Murillo, su esposa, asumió oficialmente la figura de copresidenta tras las reformas constitucionales aprobadas en 2025, que ampliaron las facultades del Ejecutivo y redefinieron la organización del Estado nicaragüense.

El oficialismo sostiene que la ampliación del mandato busca garantizar mayor estabilidad institucional, fortalecer la continuidad de las políticas públicas y reducir la frecuencia de los procesos electorales. Sin embargo, sectores de oposición y organizaciones internacionales han expresado preocupación por considerar que estas reformas consolidan aún más la concentración del poder en manos del Ejecutivo y limitan los espacios democráticos en el país.

Diversos organismos de derechos humanos y analistas políticos han cuestionado en los últimos años las reformas promovidas por el Gobierno de Ortega, al señalar que reducen los mecanismos de control institucional y dificultan la participación de la oposición en igualdad de condiciones. A esto se suma el aumento de las críticas por las restricciones a la libertad de prensa, la cancelación de partidos políticos y las acciones contra organizaciones de la sociedad civil.

Con esta nueva reforma constitucional, Nicaragua vuelve a situarse en el centro del debate regional sobre la democracia y la separación de poderes. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso para fortalecer la gobernabilidad, sus detractores advierten que el cambio prolonga la permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo al frente del Estado y profundiza el modelo político que ha caracterizado al país durante las últimas dos décadas.