El presidente electo Abelardo de la Espriella envió un contundente mensaje a los grupos armados ilegales que operan en el departamento del Tolima. Durante una jornada de empalme territorial en Ibagué, el próximo mandatario dio un plazo de 10 días a los cabecillas de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo para que se entreguen a las autoridades, advirtiendo que, de no hacerlo, enfrentarán una ofensiva militar una vez asuma oficialmente la Presidencia de la República el 7 de agosto.

En su intervención, De la Espriella aseguró que su gobierno no negociará con quienes continúen delinquiendo y lanzó una advertencia directa contra las estructuras criminales que han incrementado su presencia en el norte del Tolima. El presidente electo afirmó que quienes decidan permanecer en la ilegalidad serán perseguidos por la Fuerza Pública y sostuvo que “si no se someten, serán dados de baja como corresponde en derecho”, dejando clara la línea de seguridad que pretende implementar desde el inicio de su mandato.

El mandatario también mencionó a varios de los presuntos cabecillas de estas organizaciones ilegales, entre ellos alias “Chapolo”, alias “Bleiner” o “El Viejo”, alias “El Enfermero” y alias “Piolín”, señalados por las autoridades de integrar estructuras armadas que operan en esa región del país. Asimismo, advirtió que otros jefes criminales vinculados al Clan del Golfo también serán objetivo prioritario de la estrategia de seguridad que comenzará a ejecutarse una vez tome posesión del cargo.

Las declaraciones fueron entregadas al finalizar la reunión de empalme con la gobernadora del Tolima, alcaldes de varios municipios y representantes del gobierno entrante. En ese espacio se analizaron las principales problemáticas del departamento, entre ellas el avance de los grupos armados ilegales, las extorsiones, los homicidios y las amenazas que afectan a varias comunidades rurales.

Con este pronunciamiento, Abelardo de la Espriella deja claro que la seguridad será uno de los pilares de su administración y anticipa una política de mano firme frente a las organizaciones criminales. Su anuncio ha generado reacciones en distintos sectores políticos y de opinión, al marcar un cambio en el enfoque que aplicará el nuevo Gobierno frente a las estructuras armadas que continúan operando en diferentes regiones del país.