Un documento oficial conocido en las últimas horas puso sobre la mesa nuevos interrogantes sobre la respuesta del Estado colombiano frente a las recientes medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos. La comunicación revela que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) advirtió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), un mes antes de la imposición de los nuevos aranceles estadounidenses, sobre la necesidad de expedir una reglamentación considerada estratégica para evitar sanciones comerciales.

La carta, fechada el 22 de junio de 2026 y dirigida al entonces director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, solicitaba avanzar con prioridad en la reglamentación de la prohibición de importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso, una medida alineada con compromisos internacionales asumidos por Colombia y con las exigencias de los mercados internacionales.

Según el documento, la implementación de esa regulación era una responsabilidad que debía ser liderada por la DIAN en coordinación con MinComercio. El propósito era fortalecer los controles aduaneros, proteger la competitividad de las cadenas de suministro y demostrar el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos laborales y comercio exterior.

En la comunicación también se menciona que el Consejo Gremial Nacional había recomendado dar prioridad a esta reglamentación, al considerar que era una herramienta necesaria para impedir el ingreso al país de mercancías producidas bajo condiciones de trabajo forzoso, una práctica ampliamente cuestionada en el comercio internacional.

El documento señala además que, durante reuniones entre ambas entidades, la DIAN manifestó su disposición para liderar la expedición del decreto. Sin embargo, la reglamentación no fue emitida dentro del plazo previsto, situación que ahora genera cuestionamientos sobre la coordinación institucional y la capacidad de reacción frente a una advertencia que ya había sido identificada por el Gobierno.

Semanas después de esa comunicación, el Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 12,5 % para productos colombianos. Diversos analistas han relacionado esta decisión con la ausencia de controles suficientemente robustos para impedir el comercio de bienes asociados al trabajo forzoso, aunque las autoridades de ambos países continúan evaluando el alcance de las medidas.

La revelación del documento ha abierto un nuevo debate sobre la gestión de las entidades responsables de la política comercial y aduanera del país. Mientras avanzan las conversaciones para mitigar el impacto de los nuevos aranceles, el contenido de la carta evidencia que el riesgo había sido advertido con anticipación y que existía una hoja de ruta para atenderlo antes de que Estados Unidos anunciara las restricciones comerciales.