La disputa alrededor del nuevo modelo de pasaportes en Colombia vuelve a quedar en manos de la justicia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no suspender el giro de $1,3 billones que el Estado colombiano se comprometió a pagar a Portugal para poner en marcha el esquema de producción de los nuevos documentos.

La decisión fue tomada por el magistrado José Élver Muñoz, quien consideró que la Procuraduría General de la Nación no logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que justificara detener los desembolsos.

El dinero hace parte del convenio mediante el cual la Imprenta Nacional asumió un papel central en el nuevo sistema de producción de pasaportes, en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El nuevo modelo comenzó a implementarse en 2026 y reemplazó el esquema anterior en el que participaba la empresa Thomas Greg & Sons. La apuesta del Gobierno de Gustavo Petro fue aumentar la participación del Estado en la fabricación y administración del documento, además de mantener bajo control público la información relacionada con los ciudadanos.

La Procuraduría pidió frenar los recursos

La Procuraduría había acudido a la justicia para intentar detener el desembolso de los recursos destinados a Portugal. El Ministerio Público cuestionó aspectos relacionados con el convenio y solicitó que se adoptara una medida cautelar mientras avanzaba el proceso judicial.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que suspender los pagos también podía generar consecuencias sobre la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y afectar los derechos derivados del acuerdo con la entidad portuguesa.

El magistrado señaló además que, si posteriormente la justicia determina que el convenio debe ser anulado, existen mecanismos legales para reclamar la devolución de los recursos que correspondan.

Por ahora, entonces, el Tribunal no encontró razones suficientes para detener el giro de los $1,3 billones.

El nuevo sistema ya está funcionando

El cambio de modelo empezó a tomar forma después de la controversia que durante 2025 rodeó el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons.

El Gobierno de Gustavo Petro decidió avanzar hacia un esquema con mayor participación estatal y acordó con Portugal la cooperación necesaria para poner en funcionamiento la nueva producción.

El convenio tiene un valor aproximado de $1,3 billones, equivalentes a cerca de 300 millones de dólares, según reportes sobre el nuevo esquema.

La transición no estuvo exenta de problemas. Durante el proceso también se presentaron discusiones jurídicas y recursos que han retrasado el análisis de fondo de algunas de las actuaciones relacionadas con el modelo.

La propia Cancillería ha sostenido que las demandas existentes no significaban que hubiera una sentencia definitiva contra el nuevo sistema y que los procesos judiciales debían continuar sus respectivas etapas.

El Consejo de Estado todavía tiene la palabra

La decisión del Tribunal no significa que la controversia haya terminado.

La Procuraduría mantiene su cuestionamiento al convenio y el caso tiene todavía recorrido en los tribunales. El Consejo de Estado deberá intervenir en algunos de los recursos relacionados con la disputa jurídica alrededor del nuevo modelo.

En marzo de 2026, por ejemplo, se conoció que el Fondo Rotatorio de la Cancillería había acudido al Consejo de Estado después de que el Tribunal dejara avanzar la demanda presentada por la Procuraduría para cuestionar el convenio internacional con Portugal.

Por eso, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca permitió que los recursos sigan su curso, el debate jurídico sobre el modelo de pasaportes todavía no está cerrado.

Una discusión que supera los $1,3 billones

El fondo de esta disputa va más allá del desembolso de dinero. Lo que está en juego es la forma en que Colombia producirá sus pasaportes y quién tendrá el control de una actividad considerada estratégica para el Estado.

El Gobierno de Gustavo Petro defendió el cambio como una manera de recuperar participación pública en un proceso que durante años estuvo en manos de operadores privados.

Sus críticos, por el contrario, han cuestionado la manera en que se estructuró el nuevo esquema y han pedido que se aclaren las condiciones jurídicas, económicas y contractuales del acuerdo con Portugal.

Mientras la discusión continúa en los despachos judiciales, los colombianos siguen utilizando el nuevo sistema para tramitar sus documentos de viaje.

La decisión conocida ahora permite que el compromiso económico con Portugal continúe, pero no cierra definitivamente las demandas y recursos que cuestionan el convenio.

El próximo capítulo dependerá de lo que determinen las instancias judiciales que todavía tienen competencia sobre el caso. Por ahora, los $1,3 billones no fueron congelados y el nuevo modelo de pasaportes continúa adelante mientras la justicia define si las actuaciones que dieron origen al acuerdo se ajustaron o no a la ley.