El exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro y expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, comenzó a explorar una posible negociación con la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal que enfrenta por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022. La gestión se conoce apenas un día después de su salida de la presidencia de la petrolera estatal y marca un nuevo capítulo en uno de los expedientes judiciales de mayor impacto político en el país.

De acuerdo con la información conocida, Ricardo Roa acudió al búnker de la Fiscalía en Bogotá con el propósito de evaluar la posibilidad de acceder a un preacuerdo o a un principio de oportunidad, dos mecanismos contemplados por la legislación colombiana que podrían permitir beneficios judiciales dependiendo de la colaboración con la justicia. Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo firmado ni una decisión definitiva por parte del ente acusador.

No obstante, la versión sobre una negociación fue matizada por la defensa del exdirectivo. El abogado Juan David León aseguró que, por ahora, no hay conversaciones formales para obtener beneficios judiciales y explicó que Roa únicamente presentó un derecho de petición para conocer el estado de los procesos que cursan en su contra. Según el jurista, la estrategia de defensa continúa y no se ha concretado ningún preacuerdo con la Fiscalía.

La investigación está relacionada con el papel que desempeñó Ricardo Roa como gerente de la campaña “Petro Presidente 2022”. La Fiscalía sostiene que presuntamente se superaron los límites legales de gastos electorales establecidos para la primera y segunda vuelta presidencial y que algunos ingresos y egresos no habrían sido reportados conforme a la normativa vigente. Por estos hechos, el exfuncionario fue imputado por el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales.

Durante la audiencia de imputación realizada meses atrás, Ricardo Roa rechazó las acusaciones y se declaró inocente, insistiendo en que su actuación durante la campaña se ajustó a las normas electorales. Esa posición sigue siendo la línea oficial de su defensa, pese a que ahora analiza las alternativas jurídicas disponibles dentro del proceso.

El caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes derivados de la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República. Cualquier decisión sobre una eventual negociación entre Ricardo Roa y la Fiscalía podría tener repercusiones en el desarrollo de la investigación y en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la financiación de la contienda electoral de 2022.