El presidente Abelardo De La Espriella modificó la distribución de algunas funciones administrativas del Gobierno nacional mediante el Decreto 1610, expedido el 27 de octubre de 2026. La disposición permite que ministros y directores de departamentos administrativos asuman decisiones que anteriormente estaban concentradas en el despacho presidencial.

Uno de los principales cambios tiene que ver con la provisión de vacantes. A partir de la nueva norma, los jefes de cartera podrán declarar y cubrir vacantes temporales y definitivas dentro de sus respectivos sectores, además de posesionar a los funcionarios designados. La facultad también contempla determinados cargos directivos de entidades descentralizadas cuando se trate de vacantes temporales.

Sin embargo, el decreto establece excepciones. Los nombramientos de funcionarios como viceministros, secretarios generales, embajadores y cónsules, así como los principales cargos de la Presidencia entre ellos el jefe de despacho, los consejeros presidenciales y el secretario jurídico continúan bajo decisión directa del mandatario.

El Ministerio del Interior también recibe nuevas responsabilidades. Entre ellas está la designación de alcaldes y gobernadores ad hoc, la solicitud de ternas a los partidos o coaliciones cuando corresponda reemplazar a determinados mandatarios regionales y la ejecución de sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría a exgobernadores y exalcaldes de distrito.

En el frente diplomático, el canciller Omar Bula asumirá funciones relacionadas con la administración de la carrera diplomática y consular, incluidos ascensos, traslados y movimientos de sus funcionarios. Además, la presentación de credenciales de embajadores extranjeros se realizará en el Palacio de San Carlos, bajo coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La norma también precisa quiénes estarán a cargo de determinadas posesiones institucionales: el secretario jurídico de la Presidencia posesionará a los magistrados de las altas cortes, mientras que el ministro de Justicia hará lo propio con los funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Otro punto del decreto establece que los ministros podrán tramitar y decidir recursos de reposición y solicitudes de revocatoria directa contra actos administrativos presidenciales relacionados con sus sectores. No obstante, quedan excluidos los asuntos sobre extradiciones e indultos, así como otras facultades expresamente reservadas por la Constitución.

Con esta disposición, que deroga los decretos 658 de 2024 y 857 de 2025, el Gobierno establece un nuevo esquema para distribuir determinadas responsabilidades administrativas entre las carteras y la Presidencia. La delegación busca que varias decisiones se gestionen directamente desde los ministerios, sin eliminar las excepciones que permanecen bajo competencia del jefe de Estado.