Ante la controversia generada por la posible implementación de una “expropiación exprés” en el marco del decreto de conmoción interior, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó en detalle el procedimiento que se llevará a cabo para la adquisición de tierras en zonas afectadas por el conflicto.

Carvajalino enfatizó que no se trata de una confiscación, sino de una enajenación forzosa con indemnización a valor comercial, ajustada a lo estipulado en la Ley 1523. Esta medida busca garantizar el retorno seguro de comunidades desplazadas y el acceso a tierras para la reincorporación de excombatientes.

¿Cómo funcionará la expropiación administrativa?

La ministra aclaró que la expropiación administrativa no es un mecanismo arbitrario, sino una herramienta prevista en la ley para situaciones de emergencia. Según explicó, el proceso está sujeto a revisión judicial para verificar que el avalúo y la compensación a los propietarios sean adecuados.

“La medida es necesaria debido a la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde más de 52.000 personas han sido desplazadas. Nuestro objetivo es agilizar los procesos pendientes para que estas comunidades puedan retornar de manera segura y estabilizar la región”, explicó Carvajalino.

Aceleración de procesos y destino de las tierras

El Gobierno estableció un plazo de 90 días para recuperar los territorios afectados y garantizar la reubicación de las víctimas del desplazamiento forzado, así como de los excombatientes que han sido retirados de sus zonas de reincorporación.

“Queremos poner en marcha procesos de adquisición de tierras que llevan años sin resolverse. Esto no significa vulnerar el debido proceso ni desconocer derechos de propiedad. Las personas afectadas podrán acudir a la vía judicial, tal como lo establece la normativa vigente”, señaló la funcionaria.

Expropiación administrativa, no exprés

La ministra recalcó que en Colombia la expropiación es un mecanismo legal utilizado en diversos sectores, como infraestructura vial y desarrollo urbano, y que su aplicación en el sector agrario está establecida desde 1996.

“El proceso no es nuevo ni improvisado. En la expropiación agraria, la autoridad administrativa toma la decisión inicial y luego un juez la revisa. Lo que estamos haciendo es agilizar el procedimiento en el marco de la conmoción interior”, puntualizó Carvajalino.

¿Se afectarán pequeños campesinos?

Sobre las preocupaciones de que la medida afecte a pequeños propietarios rurales, la ministra aclaró que el objetivo es adquirir grandes predios inactivos o sin explotación adecuada.

“No vamos a quitarle la tierra a pequeños campesinos. Nuestro propósito es garantizar la estabilidad de poblaciones vulnerables y acelerar procesos de adquisición que ya estaban en marcha para que las tierras sean utilizadas en programas de reparación y reincorporación”, concluyó Carvajalino.

Con esta estrategia, el Gobierno busca garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades desplazadas, aunque el debate sobre su implementación sigue abierto en distintos sectores políticos y sociales.