La Fiscalía General de la Nación reasignó el proceso judicial que se adelanta contra 11 personas capturadas por su presunta participación en una serie de ataques violentos ocurridos en Bogotá entre 2024 y 2025, una decisión que ha generado reacciones en distintos sectores debido al impacto que podría tener en el avance del caso. La determinación fue adoptada mediante la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, mediante la cual el expediente dejó de estar en manos de una fiscal especializada y fue trasladado a un grupo de tareas recientemente creado para investigar hechos relacionados con la protesta social.

El proceso judicial involucra a 11 capturados señalados por las autoridades de integrar la organización conocida como Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP), estructura que, según la investigación, estaría vinculada con al menos 15 acciones violentas registradas en la capital del país, entre ellas ataques con explosivos contra patrullas de la Policía, incendios de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y otros hechos catalogados como actos terroristas. Los implicados fueron capturados en diciembre de 2025 durante una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional.

De acuerdo con la información conocida, la reasignación del expediente ocurrió pocas horas antes de que se desarrollara la audiencia de acusación, una etapa clave dentro del proceso penal. Con la decisión, el caso pasó a ser asumido por dos fiscales adscritos al nuevo grupo especializado en investigaciones relacionadas con la protesta social, dependencia creada el mismo día en que fue expedida la resolución administrativa.

La modificación en la asignación del proceso ha despertado inquietudes entre expertos en seguridad y operadores judiciales, quienes consideran que el cambio podría afectar el ritmo de una investigación que ya contaba con un importante avance probatorio y que buscaba llevar a juicio a los procesados por delitos como terrorismo, concierto para delinquir y otros cargos derivados de los ataques registrados en Bogotá.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha informado sobre modificaciones en las imputaciones formuladas contra los procesados ni sobre la continuidad del cronograma judicial. Mientras tanto, el caso seguirá bajo la competencia del nuevo equipo investigador, que deberá definir los pasos a seguir dentro de uno de los expedientes más relevantes relacionados con hechos de violencia ocurridos en la capital durante los últimos años.