El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación para revisar varios procesos de contratación que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que estas actuaciones podrían comprometer la seguridad del próximo Gobierno y el adecuado manejo de los recursos públicos durante el proceso de transición presidencial.
La instrucción fue impartida al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, quien deberá presentar formalmente la petición ante el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, con el propósito de que el Ministerio Público ejerza vigilancia preventiva sobre contratos y nombramientos que actualmente se encuentran en marcha dentro de la entidad encargada de brindar esquemas de protección a funcionarios del Estado.
La principal preocupación del Gobierno entrante se centra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos y que busca contratar el servicio de escoltas para las zonas de protección del presidente de la República y de los integrantes del nuevo gabinete ministerial. Según la administración electa, la adjudicación del contrato antes del 7 de agosto impediría revisar los perfiles, la experiencia y la idoneidad del personal responsable de la seguridad presidencial.
Además de este contrato, la solicitud también pide revisar otros procesos relacionados con nombramientos provisionales y adquisiciones de bienes y servicios dentro de la UNP, al considerar que estas decisiones tienen un impacto directo sobre la seguridad del Estado y la correcta administración de los recursos públicos. El equipo de transición sostiene que dichas actuaciones deben desarrollarse bajo criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional.
Desde el Gobierno electo se insiste en que la intervención de la Procuraduría no busca frenar la operación de la Unidad Nacional de Protección, sino garantizar que los procesos contractuales se desarrollen con total transparencia y que la nueva administración tenga la posibilidad de verificar las decisiones que afectarán la protección del presidente, sus ministros y otros altos funcionarios una vez asuman funciones el próximo 7 de agosto de 2026.
