La defensa de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, volvió a cuestionar la forma en que la Fiscalía presentó los hechos dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el abogado Santiago Trespalacios, defensor de Quintero, sostuvo que su cliente no tuvo participación en los hechos que investiga el ente acusador y pidió precisiones sobre varias de las afirmaciones incluidas en la imputación.

La defensa pide que la Fiscalía precise las supuestas directrices

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Trespalacios tiene que ver con las llamadas “directrices” que, según la Fiscalía, habría impartido Miguel Quintero dentro del supuesto esquema de contratación.

Para el abogado, la acusación no establece con suficiente precisión qué instrucciones habría dado Quintero, cuándo las habría entregado ni a quién estaban dirigidas.

La defensa sostiene que esa falta de detalle dificulta que su representado pueda responder de manera concreta a los señalamientos y preparar su estrategia frente al proceso.

Trespalacios afirmó durante la diligencia que Quintero no intervino en los hechos investigados y cuestionó que se le atribuyan actuaciones que, según su versión, no están suficientemente individualizadas.

¿Qué investiga la Fiscalía?

El proceso involucra a Miguel Quintero Calle, Vanessa Álvarez Restrepo, Álvaro Villada García y Sebastián de Dios Ortega Urán.

La Fiscalía les atribuye, de manera provisional, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La investigación está relacionada con seis contratos que, de acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, superan los 17.600 millones de pesos y estarían vinculados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Según la hipótesis de la Fiscalía, habría existido un esquema para direccionar contratos y posteriormente obtener una parte de los recursos públicos involucrados. La entidad investigadora ha señalado a Quintero como una persona que habría tenido un papel determinante dentro de esa estructura, aunque estas afirmaciones corresponden a la teoría del caso y deberán ser discutidas dentro del proceso judicial.

La cifra que está en el centro de la investigación

Durante las primeras jornadas de la imputación, la Fiscalía señaló que presuntamente $2.481 millones habrían sido apropiados por Miguel Quintero, de los cuales $1.654 millones corresponderían a un supuesto beneficio propio y $827 millones a favor de terceros.

La defensa también ha solicitado aclaraciones sobre estas cifras y sobre la manera en que fueron calculados los valores que la Fiscalía atribuye a cada uno de los investigados.

La audiencia volvió a ser suspendida

La diligencia judicial no ha podido avanzar de manera continua. Después de que los abogados de los cuatro investigados formularan diferentes solicitudes de aclaración, el juez decidió suspender nuevamente la audiencia.

La Fiscalía deberá responder a los cuestionamientos planteados por las defensas antes de que continúe la diligencia. La audiencia quedó programada para este martes 15 de septiembre.

El proceso se desarrolla ante un juez de control de garantías de Medellín y todavía no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de Miguel Quintero ni de los otros investigados.

La defensa insiste en su posición

Mientras la Fiscalía sostiene que tiene elementos para relacionar a Quintero con el supuesto esquema de contratación irregular, su abogado mantiene una posición distinta: asegura que su cliente no intervino en los hechos y que la imputación necesita mayor precisión para poder ser controvertida.

Ahora será el juez quien deberá escuchar las explicaciones de la Fiscalía y las objeciones de las defensas para que la audiencia pueda avanzar.

El caso continúa en etapa de imputación y, por ahora, los señalamientos contra Miguel Quintero corresponden a la investigación de la Fiscalía y no a una condena judicial.