En un pronunciamiento público firmado por madres cuidadoras, personas cuidadoras, familias y organizaciones sociales de Barranquilla y el Atlántico, diferentes colectivos hicieron un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo para que el nuevo Gobierno Nacional convierta la atención a las personas con discapacidad y a quienes ejercen labores de cuidado en una prioridad dentro de su agenda.
El documento, presentado en Barranquilla el 3 de julio de 2026 bajo el nombre Manifiesto por la dignidad, la autonomía y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, las personas cuidadoras y sus familias, expone las principales preocupaciones del sector frente a la transición de gobierno y plantea una hoja de ruta con propuestas para fortalecer las políticas públicas relacionadas con discapacidad, inclusión y cuidado.
Las organizaciones aseguran que su mensaje no nace desde la protesta, sino desde la experiencia de quienes durante años han acompañado a familiares con discapacidad y han enfrentado, muchas veces en solitario, las dificultades para acceder a servicios de salud, educación, rehabilitación, transporte, empleo y programas de apoyo. Señalan que el Estado debe reconocer el cuidado como una responsabilidad pública y no únicamente como una carga asumida por las familias, especialmente por las mujeres.
Uno de los puntos que más inquieta a los firmantes es el cierre del Ministerio de la Igualdad, decisión que consideran genera incertidumbre sobre la continuidad de programas, recursos y estrategias dirigidas a esta población. Por ello solicitaron al gobierno entrante definir con claridad cuál será la entidad encargada de liderar la política nacional de discapacidad y del Sistema Nacional de Cuidado, garantizando financiación, coordinación institucional y presencia efectiva en los territorios.
El manifiesto también hace una evaluación crítica de la administración saliente. Según las organizaciones, muchas decisiones se concentraron en el nivel nacional sin responder de manera efectiva a las necesidades de las regiones. A su juicio, las políticas relacionadas con discapacidad y cuidado no pueden limitarse a discursos o programas asistenciales, sino consolidarse como verdaderas políticas de Estado con enfoque de derechos humanos, autonomía, accesibilidad e inclusión.
Entre las principales propuestas entregadas al presidente electo figura la territorialización del Sistema Nacional de Cuidado, con recursos, equipos técnicos y mecanismos de seguimiento que permitan llevar esta política a los municipios del país. Los firmantes consideran que departamentos como el Atlántico requieren una mayor presencia institucional para responder a las necesidades de miles de familias cuidadoras.
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Asimismo, solicitaron fortalecer el Sistema Nacional de Discapacidad, que está próximo a cumplir dos décadas de funcionamiento, pero que, según denuncian, aún presenta debilidades en financiación, coordinación y capacidad de incidencia en los territorios. También pidieron garantizar la continuidad del CONPES de Discapacidad y armonizar su implementación con el CONPES de Cuidado y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre protección de los derechos de esta población.
El documento destaca además experiencias locales que consideran exitosas, como la estrategia Inclúyete+, impulsada por la Alcaldía de Barranquilla bajo la administración del alcalde Alejandro Char. Las organizaciones consideran que este modelo ha permitido mejorar la atención a personas con discapacidad y sus familias, por lo que proponen que el Gobierno Nacional estudie la posibilidad de fortalecerlo y adaptarlo para implementarlo en otras regiones del país.
Otro de los planteamientos busca ampliar la participación de pequeñas y medianas organizaciones comunitarias en convocatorias, convenios y bancos de proyectos estatales. Los colectivos sostienen que muchas iniciativas sociales quedan por fuera de los procesos de financiación debido a requisitos administrativos que dificultan el acceso de organizaciones con amplio trabajo territorial, pero con menores capacidades técnicas y financieras.
En materia social, el manifiesto insiste en la necesidad de mejorar la calidad de la educación inclusiva mediante ajustes razonables, formación para docentes, accesibilidad física y tecnológica, transporte escolar adecuado y apoyos permanentes para garantizar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Igualmente, reclama mayor acceso a servicios de salud, terapias, rehabilitación, vivienda, empleo, cultura, deporte y justicia, advirtiendo que cada barrera que enfrenta una persona con discapacidad repercute directamente en su entorno familiar y en quienes asumen las labores de cuidado.
Las organizaciones también solicitaron que los funcionarios encargados de dirigir las políticas públicas sobre discapacidad y cuidado sean profesionales con experiencia técnica, conocimiento del territorio y compromiso con el enfoque de derechos, evitando designaciones basadas únicamente en criterios políticos.
Finalmente, las madres cuidadoras, familias y organizaciones manifestaron su disposición para integrar una comisión técnica que participe en un diálogo formal con el equipo de empalme del nuevo Gobierno. Su propósito es construir una agenda conjunta que permita fortalecer las políticas públicas desde las regiones y garantizar que las personas con discapacidad y quienes las cuidan tengan una participación real en las decisiones que impactan sus vidas.
Con el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros”, los firmantes concluyen que Colombia necesita avanzar hacia un modelo donde el cuidado sea reconocido como un asunto de interés nacional y donde las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos, acceder a oportunidades en igualdad de condiciones y desarrollar sus proyectos de vida con autonomía y dignidad.
