La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char Chaljub, al considerar que existen elementos suficientes para que responda ante la justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravada, dentro del proceso relacionado con la supuesta red de compra de votos que habría operado en el departamento del Atlántico durante las elecciones legislativas de 2018.

La decisión mantiene vigente la acusación formulada por el alto tribunal y abre paso a la etapa de juzgamiento, en la que un juez deberá determinar si el excongresista es responsable de los hechos que le atribuye la justicia. De acuerdo con la investigación, Arturo Char habría integrado una organización dedicada a manipular el voto de los ciudadanos mediante pagos y otras prácticas ilegales desde la denominada Casa Blanca, una sede política ubicada en Barranquilla que se convirtió en el eje de uno de los mayores escándalos de corrupción electoral registrados en el Caribe colombiano.

El expediente judicial sostiene que la estructura habría operado durante la campaña para las elecciones al Congreso y que tenía como objetivo asegurar resultados electorales mediante la compra de votos en distintos sectores del Atlántico. Este caso es el mismo por el que fue condenada la excongresista Aída Merlano Rebolledo, quien posteriormente entregó declaraciones a las autoridades sobre el funcionamiento de la presunta organización y el papel que habrían desempeñado varios dirigentes políticos.

La investigación contra Arturo Char se fundamenta en pruebas documentales, testimonios y otros elementos de convicción recopilados por la Corte Suprema de Justicia, los cuales, según el alto tribunal, permiten avanzar hacia el juicio. No obstante, la decisión no constituye una condena, por lo que el exsenador mantiene la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial y se emite un fallo definitivo.

Arturo Char, quien fue presidente del Senado de la República y uno de los principales dirigentes del partido Cambio Radical, ha negado en repetidas oportunidades las acusaciones en su contra y, a través de su defensa, ha sostenido que demostrará su inocencia durante el juicio. Sus abogados han insistido en que las declaraciones de algunos testigos carecen de sustento y han solicitado que todas las pruebas sean valoradas de manera integral por la justicia.

Con esta determinación, la Corte Suprema da un nuevo paso en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en el país, relacionado con el denominado caso de la Casa Blanca, un expediente que ha involucrado a varios dirigentes y exfuncionarios por presuntas irregularidades electorales en el departamento del Atlántico. El juicio permitirá que las partes presenten sus argumentos y pruebas antes de que la justicia adopte una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal del exsenador barranquillero.