La Gobernación del Magdalena declaró el estado de alerta máxima en la red pública hospitalaria del departamento y exigió a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) el pago inmediato de una deuda que asciende a cerca de 500.000 millones de pesos, recursos cuya falta de desembolso está comprometiendo la prestación de los servicios médicos y la estabilidad financiera de los hospitales públicos.

La administración departamental advirtió que la cartera vencida pone en riesgo la atención de miles de usuarios y amenaza la sostenibilidad de los 26 hospitales públicos que conforman la red de salud del Magdalena. Según las cifras entregadas por la Secretaría de Salud Departamental, más del 82 % de la deuda corresponde a obligaciones pendientes de Coosalud, Nueva EPS y Proteger, entidades que concentran la mayor parte de los recursos adeudados.

Frente a este panorama, la gobernadora Margarita Guerra hizo un llamado urgente para que las EPS cumplan con sus compromisos financieros y permitan recuperar el flujo de recursos que requieren los centros asistenciales para garantizar la atención de los pacientes, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, así como el pago oportuno del personal de salud.

La mandataria departamental solicitó además la instalación inmediata de una mesa de alto nivel con la participación de los gerentes nacionales de las EPS involucradas, sus agentes interventores, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de definir soluciones concretas que permitan superar la emergencia financiera que atraviesa el sistema hospitalario del departamento.

La Gobernación reconoció el acompañamiento que han brindado tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia Nacional de Salud en el seguimiento de la problemática. Sin embargo, insistió en que las acciones desarrolladas hasta el momento no han sido suficientes para restablecer el equilibrio financiero de los hospitales, por lo que considera indispensable que las EPS efectúen el pago inmediato de las obligaciones pendientes.

De acuerdo con la administración departamental, la reducción en los giros durante los últimos meses ha deteriorado significativamente la capacidad operativa de las instituciones públicas de salud, afectando la compra de medicamentos, el suministro de insumos médicos, el mantenimiento de equipos y el cumplimiento de las obligaciones laborales con médicos, enfermeros y demás trabajadores del sector.

Las autoridades advirtieron que, si la situación financiera continúa agravándose, algunos hospitales podrían enfrentar dificultades para mantener la prestación continua de los servicios de urgencias, hospitalización y atención especializada, afectando directamente a miles de habitantes del Magdalena que dependen de la red pública para recibir atención médica.

Con la declaratoria de alerta máxima, la Gobernación busca acelerar la respuesta de las entidades responsables y evitar un eventual colapso del sistema hospitalario departamental, reiterando que el pago oportuno de las deudas es fundamental para garantizar el derecho a la salud de la población y preservar la estabilidad de las instituciones que prestan servicios médicos en el Magdalena.