La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por una presunta participación indebida en política durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo de 2026.
El anuncio fue realizado por el procurador general Gregorio Eljach, quien indicó que el Ministerio Público revisará varias publicaciones en redes sociales relacionadas con una intervención del ministro en Valledupar, al inicio de las elecciones presidenciales.
De acuerdo con la Procuraduría, en uno de los videos que circula en plataformas digitales se observa a Sanguino dirigiéndose a autoridades locales, electorales, organismos de control y ciudadanos para anunciar el comienzo de la jornada democrática.
Sin embargo, el organismo de control señaló que durante esa intervención el funcionario habría hecho referencia a las opciones en contienda y destacado una de ellas como la que respalda un proyecto de transformación y cambio liderado por el presidente de la República. Para la Procuraduría, esa expresión podría interpretarse como una muestra de apoyo a una candidatura específica.
La investigación buscará establecer si el ministro de Trabajo incurrió en una conducta contraria a las restricciones que tienen los servidores públicos frente a la participación en actividades políticas y electorales.
El Ministerio Público también informó sobre otra actuación disciplinaria abierta contra la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo, por hechos similares. Según la Procuraduría, la mandataria aparece en un video publicado en TikTok usando prendas alusivas a la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda.
Ese material será analizado por el organismo de control para determinar si la funcionaria vulneró las normas que exigen neutralidad a los servidores públicos durante los procesos electorales.
Con estas decisiones, la Procuraduría reiteró su llamado a todos los funcionarios del Estado para que mantengan imparcialidad durante la jornada electoral y eviten cualquier conducta que pueda comprometer la transparencia del proceso democrático.
