Santiago Uribe Vélez, ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, comenzó a cumplir la condena de 28 años de prisión impuesta por la justicia colombiana, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por su defensa y dejara en firme la sentencia por su responsabilidad en el caso del grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles.

La decisión judicial establece que Uribe Vélez permanecerá privado de la libertad en el Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 Juan del Corral, una guarnición del Ejército Nacional ubicada en Rionegro, Antioquia, adscrita a la Cuarta Brigada. El traslado se produjo después de que las autoridades autorizaran que la pena fuera cumplida en una instalación militar.

El proceso judicial se remonta a los hechos ocurridos entre las décadas de 1990 y 1994 en el norte de Antioquia, cuando el grupo ilegal Los Doce Apóstoles fue señalado de ejecutar una estrategia de asesinatos selectivos contra personas consideradas presuntos colaboradores de la guerrilla, consumidores de drogas, delincuentes comunes y otros ciudadanos catalogados por la organización como “indeseables”. Según las decisiones judiciales, estas acciones hicieron parte de un ataque sistemático contra la población civil.

La condena contra Santiago Uribe Vélez corresponde a los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Los magistrados concluyeron que el condenado desempeñó un papel de liderazgo dentro de la estructura paramilitar y que tuvo responsabilidad en el homicidio de Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus asesinado en febrero de 1994 en el municipio de Yarumal, Antioquia, tras ser señalado por el grupo ilegal como supuesto colaborador de organizaciones guerrilleras.

La Corte Suprema de Justicia negó el recurso extraordinario de casación presentado por el abogado Jaime Granados, quien buscaba revertir la decisión adoptada anteriormente por el Tribunal Superior de Antioquia. Con esta determinación, el alto tribunal ratificó íntegramente la sentencia condenatoria y dejó sin efecto cualquier posibilidad de modificar la pena por la vía utilizada por la defensa.

Dentro de las pruebas valoradas por la justicia se encuentran múltiples declaraciones de testigos, entre ellas las del expolicía Alexander Amaya y del exoficial Juan Carlos Meneses, quienes señalaron la presunta participación de Santiago Uribe Vélez en la dirección y financiación de la organización armada ilegal. La Corte consideró que el conjunto del material probatorio era suficiente para confirmar la responsabilidad penal del condenado y descartó los argumentos presentados por la defensa para desacreditar dichos testimonios.

La sentencia también ratificó que los crímenes atribuidos a Los Doce Apóstoles constituyen delitos de lesa humanidad, al considerar que hicieron parte de un ataque sistemático y organizado contra la población civil, circunstancia que, según la legislación nacional e internacional, reviste una especial gravedad jurídica e impide la prescripción de los hechos.

Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó públicamente su desacuerdo con el fallo y confirmó que la defensa continuará buscando nuevas pruebas con el propósito de intentar revertir la condena de su hermano. Sin embargo, por el momento, la sentencia permanece ejecutoriada y Santiago Uribe deberá cumplir la pena de prisión impuesta por la justicia colombiana en la guarnición militar asignada en el departamento de Antioquia.