Un nuevo borrador de decreto publicado por el Ministerio del Trabajo volvió a encender la discusión sobre el sistema pensional colombiano, luego de plantear que los recursos acumulados por afiliados que decidieron cambiarse del régimen privado al público sean transferidos directamente a Colpensiones. La iniciativa reglamenta el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y surge en medio del panorama jurídico generado por la suspensión parcial de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, que dejó vigente la denominada ventana de traslado.

La propuesta establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán girar el ciento por ciento del ahorro individual de quienes optaron por el cambio de régimen, incluyendo capital aportado, rendimientos financieros y valores adicionales acumulados hasta el momento del traslado. Este mecanismo aplicaría a las personas que aprovecharon el periodo especial que permitió migrar al sistema público estando a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación, un grupo que ya supera los 119 mil afiliados según cifras oficiales.

Sin embargo, el contenido del decreto ha generado cuestionamientos debido a que la ley vigente contempla que esos recursos permanezcan administrados por los fondos privados y solo se trasladen a un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República cuando el afiliado alcance la edad pensional. La propuesta del Ministerio introduce una dinámica distinta al plantear el giro inmediato a Colpensiones, lo que ha despertado dudas jurídicas sobre la coherencia entre la reglamentación y lo estipulado por la normativa actual.

Desde el sector financiero, el gremio Asofondos advirtió que la medida podría implicar el traslado de más de 25 billones de pesos hacia el régimen público, cifra que refleja la magnitud de los recursos involucrados. Analistas han señalado que este movimiento podría tener implicaciones fiscales y contables importantes, ya que el ingreso de esos fondos a Colpensiones abriría un nuevo escenario sobre cómo se manejarán dentro de las finanzas públicas y el sistema de ahorro pensional.

El contexto del debate también está marcado por las decisiones de la Corte Constitucional, que mantiene en revisión la reforma pensional mientras permite que ciertos artículos continúen aplicándose. Expertos consideran que el alcance del decreto reglamentario dependerá en gran medida del fallo definitivo del alto tribunal, ya que su decisión definirá la estructura futura del modelo pensional y el destino de los recursos trasladados.

Mientras el Gobierno abrió el documento para comentarios ciudadanos y técnicos, el tema se posiciona como uno de los puntos más sensibles dentro de la discusión económica nacional. El eventual traslado de ahorros desde las AFP hacia Colpensiones no solo impactaría a miles de afiliados, sino que también podría redefinir el equilibrio entre el sistema público y privado, en un momento en el que el país sigue analizando el rumbo de su reforma pensional y las consecuencias financieras que esta podría generar en el largo plazo.