La Superintendencia Nacional de Salud salió al paso de las críticas generadas por la adjudicación de un contrato por 3.790 millones de pesos destinado al suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y colaboradores de la entidad durante el segundo semestre de 2026. La controversia surgió luego de una denuncia presentada por el concejal de Medellín Santiago Perdomo, del movimiento Creemos, quien cuestionó la pertinencia de este gasto en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

Según Perdomo, el contrato contempla recursos para desplazamientos del despacho del superintendente Daniel Quintero y de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen, lo que, a su juicio, resulta inconveniente en un contexto en el que miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, consultas y procedimientos médicos. De acuerdo con los documentos citados por el cabildante, cerca de 194 millones de pesos estarían destinados a viajes relacionados con estas dependencias.

Frente a estos señalamientos, la Superintendencia aclaró que el contrato corresponde a un proceso de contratación que se realiza anualmente y que su propósito principal es garantizar el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional. La entidad explicó que el Contrato No. 480 de 2026, con un valor de 3.790 millones de pesos, financia los desplazamientos de los equipos técnicos encargados de auditorías, visitas de inspección, atención a usuarios y seguimiento a las entidades del sistema de salud.

La Supersalud precisó que únicamente 54,5 millones de pesos, equivalentes al 1,4 % del valor total contratado, fueron asignados para los desplazamientos del despacho del superintendente Daniel Quintero durante lo que resta de 2026. El 98,6 % restante, aseguró la entidad, será utilizado por funcionarios y profesionales que desarrollan labores de vigilancia e inspección en las diferentes regiones del país, donde se atienden denuncias y se realizan controles sobre EPS, IPS y demás actores del sistema de salud.

La entidad también informó que el proceso contractual fue adelantado mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa electrónica a través de la plataforma SECOP II, mecanismo previsto en la legislación colombiana para garantizar transparencia, competencia y selección de la oferta con el menor costo para el Estado. Según la Superintendencia, el contrato fue adjudicado al proponente que presentó las mejores condiciones económicas para la entidad.

Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud reiteró que estos recursos son indispensables para que sus equipos puedan desplazarse a las distintas regiones del país y ejercer las funciones de control que le asigna la ley. La entidad insistió en que el contrato no responde a gastos de representación personal del superintendente, sino al funcionamiento operativo necesario para mantener las actividades de inspección y vigilancia del sistema de salud colombiano.