La reforma agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro concluye su cuatrienio convertida en una de las políticas más representativas de su gobierno, aunque con resultados que generan opiniones divididas entre expertos, organizaciones campesinas y dirigentes del sector agropecuario. Si bien la administración logró importantes avances en la formalización de la propiedad rural y la entrega de predios a miles de familias, las metas iniciales de redistribución de tierras quedaron por debajo de lo proyectado, dejando varios desafíos para el próximo gobierno.
Cuando asumió la Presidencia en agosto de 2022, Gustavo Petro presentó la reforma agraria como una de las principales apuestas para reducir la desigualdad en el campo colombiano y cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016. El objetivo consistía en formalizar siete millones de hectáreas y avanzar en la adquisición de tres millones más para beneficiar a campesinos sin tierra o con predios insuficientes. Sin embargo, al cierre de la administración, esas metas no se alcanzaron en su totalidad debido a dificultades administrativas, obstáculos políticos y problemas de seguridad en varias regiones del país.
De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con corte a abril de 2026 el Gobierno había adquirido 254.103 hectáreas, una cifra equivalente a cerca de una cuarta parte de la meta de compra fijada para el cuatrienio. En contraste, el mayor avance se registró en la formalización de la propiedad rural, donde fueron regularizadas, tituladas o saneadas alrededor de dos millones de hectáreas, beneficiando a más de 116.000 familias campesinas mediante la entrega de más de 41.000 títulos de propiedad.
Durante la ejecución de la política también se aprobó un documento CONPES que estableció la hoja de ruta de la reforma agraria hasta 2036, con 146 acciones estratégicas y una inversión estimada superior a 18 billones de pesos. El plan contempla medidas relacionadas con la redistribución de tierras, fortalecimiento institucional, acceso a bienes productivos, protección ambiental, justicia agraria y reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.
No obstante, uno de los principales reveses para el Gobierno fue el hundimiento en el Congreso del proyecto de ley que reglamentaba la Jurisdicción Agraria, considerada una herramienta fundamental para resolver los conflictos sobre la propiedad rural y garantizar mayor seguridad jurídica a los beneficiarios de la reforma. La falta de esa normativa dejó incompleta una de las piezas centrales de la transformación que buscaba impulsar el Ejecutivo.
Mientras el Gobierno defendió la reforma argumentando que permitió avanzar como nunca antes en la formalización de tierras y en el reconocimiento de los derechos del campesinado, sectores críticos sostienen que la lentitud en la compra de predios, la burocracia y las dificultades para ejecutar los programas limitaron el alcance de la iniciativa. Analistas coinciden en que el próximo gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, heredará una política pública con avances importantes, pero también con tareas pendientes para garantizar el acceso equitativo a la tierra y fortalecer el desarrollo rural en Colombia.
