El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sostuvo este jueves su primera reunión oficial con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en un encuentro que marca el inicio de la relación institucional entre el nuevo Gobierno y el ente investigador.
La reunión se realizó en el Palacio de San Carlos, nueva sede del Gobierno Nacional en Bogotá, y contó también con la participación del ministro de Justicia, Iván Cancino.
Al término del encuentro, el presidente aseguró que la conversación fue positiva y dejó claro que su administración buscará trabajar de manera coordinada con la Fiscalía en la lucha contra el crimen y la impunidad, pero respetando la autonomía de la entidad.
“Sostuve una reunión muy fructífera con la señora Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo”, manifestó De la Espriella, quien agregó que su Gobierno trabajará de la mano con la Fiscalía sin desconocer su independencia.
Aunque el mandatario no entregó detalles sobre los asuntos específicos que fueron abordados durante la reunión, el encuentro se produce en un momento en el que la seguridad y la lucha contra las estructuras criminales hacen parte de las principales prioridades anunciadas por el nuevo Gobierno.
El Palacio de San Carlos se ha convertido recientemente en uno de los principales escenarios de la agenda presidencial en Bogotá, después de que De la Espriella anunciara que la Casa de Nariño será destinada a un proyecto museístico. En este mismo lugar, el jefe de Estado ha recibido a otros altos funcionarios y representantes de las instituciones del país.
La jornada presidencial también estuvo marcada por la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. De la Espriella tenía previsto reunirse con su equipo para revisar las medidas que serán adoptadas mediante el decreto de emergencia económica destinado a atender las consecuencias de la tragedia.
El encuentro entre el presidente y la fiscal general abre así una nueva etapa de coordinación entre el Ejecutivo y la Fiscalía, con el reto de mantener una relación institucional que permita avanzar en seguridad y justicia sin afectar la independencia de la Rama Judicial.
