La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Martha Lucía Parra García, quien fue secretaria general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, entre 2022 y 2023, por posibles irregularidades relacionadas con contratos celebrados durante 2023 con Findeter y Agrilink.
El proceso quedó en manos de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que busca establecer qué ocurrió durante las diferentes etapas de los contratos y si las actuaciones de los funcionarios y contratistas se ajustaron a las normas.
La revisión comienza desde la planeación de los contratos
La investigación no se concentra en una sola etapa. El Ministerio Público anunció que revisará la planeación, estructuración, celebración, ejecución, financiación y seguimiento de los contratos.
La intención es reconstruir cómo fueron adelantados los procesos, qué decisiones se tomaron y quiénes participaron en cada uno de los trámites.
Los contratos investigados fueron suscritos en 2023 y estuvieron relacionados con recursos destinados a la política de catastro multipropósito, un programa que busca mejorar y actualizar la información sobre los predios del país.
Siete funcionarios y contratistas también fueron vinculados
Además de Martha Lucía Parra García, la Procuraduría vinculó al expediente a otros siete servidores públicos y contratistas del IGAC.
Según el organismo de control, estas personas tuvieron diferentes funciones durante el periodo que está siendo revisado y pudieron haber participado en los trámites relacionados con los contratos que ahora están bajo análisis.
La vinculación al proceso no significa que exista una responsabilidad disciplinaria determinada. Su participación tendrá que establecerse a partir de las pruebas que sean incorporadas al expediente.
¿Qué busca establecer la Procuraduría?
Uno de los puntos centrales será determinar si durante la contratación se presentaron actuaciones que puedan tener relevancia disciplinaria.
Para eso, el organismo de control ordenó recopilar y practicar pruebas documentales. Con esos documentos se pretende precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos que dieron origen a la investigación.
La revisión también permitirá establecer cuál fue la intervención de cada uno de los funcionarios y contratistas vinculados y cómo se desarrollaron los procedimientos relacionados con Findeter y Agrilink.
Los recursos estaban relacionados con el catastro multipropósito
Los contratos hacen parte de procesos asociados a la política de catastro multipropósito, que busca contar con información actualizada de los predios y apoyar la gestión y el ordenamiento territorial.
Por esa razón, la Procuraduría está revisando no solo los documentos de contratación, sino también la manera en que fueron administrados los recursos y cómo se hizo seguimiento a los procesos.
Investigación en etapa inicial
Por ahora, el expediente se encuentra en etapa de investigación disciplinaria. La Procuraduría todavía no ha establecido que Martha Lucía Parra García ni los otros siete funcionarios y contratistas sean responsables de alguna irregularidad.
El siguiente paso será la práctica y análisis de las pruebas ordenadas por el Ministerio Público. Con esa información se determinará qué ocurrió con los contratos celebrados en 2023 entre el IGAC, Findeter y Agrilink y si existen elementos para establecer responsabilidades disciplinarias.
La investigación fue anunciada por la Procuraduría este jueves 1 de octubre de 2026 y hace parte de las actuaciones del organismo de control sobre procesos de contratación estatal.
