El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer las condiciones para que las organizaciones criminales se sometan a la justicia y avancen hacia su desmantelamiento.

La propuesta fue presentada el martes 13 de octubre por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino. El documento plantea una ruta de diez puntos y establece que los beneficios judiciales dependerán del cumplimiento de compromisos concretos por parte de quienes decidan acogerse al mecanismo.

La iniciativa no contempla negociaciones políticas con las estructuras armadas ilegales. Según el Gobierno, el objetivo es que sus integrantes abandonen las actividades criminales, entreguen las armas y contribuyan a esclarecer el funcionamiento de las organizaciones, sus fuentes de financiación y sus vínculos con sectores corruptos.

Entrega de bienes y rutas del narcotráfico

Uno de los principales requisitos será la entrega de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, junto con las armas y la información sobre las rutas utilizadas para transportar drogas y sostener las economías ilegales.

El proyecto también contempla beneficios para quienes colaboren con las autoridades en la identificación de redes de corrupción pública y posibles relaciones entre organizaciones criminales y dirigentes políticos. La intención es que la información entregada permita avanzar en investigaciones y afectar las estructuras que facilitan el funcionamiento de estas redes.

La propuesta establece reducciones de penas que oscilarían entre el 30 % y el 50 %, de acuerdo con las condiciones y el nivel de responsabilidad de cada integrante. Los beneficios no serían automáticos, sino que estarían sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.

La colaboración será determinante

El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha explicado que los integrantes de las organizaciones podrían obtener mayores beneficios si aportan información verificable sobre sus superiores y contribuyen a su ubicación y sometimiento.

La iniciativa también incluye medidas relacionadas con la destrucción de laboratorios para la producción de drogas, la erradicación manual de cultivos ilícitos y labores de desminado humanitario, cuando correspondan a las condiciones establecidas en el proyecto.

Otro de los puntos centrales es que los bienes entregados no generarían una devolución de dinero a los integrantes de las estructuras criminales. El Gobierno sostiene que la entrega patrimonial debe formar parte del compromiso de sometimiento y no convertirse en un mecanismo para conservar ganancias provenientes de actividades ilegales.

El proyecto inicia su trámite legislativo

La propuesta deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso, donde los representantes y senadores podrán estudiar su alcance, discutir sus condiciones y plantear modificaciones antes de una eventual aprobación.

El debate estará centrado en determinar cómo se aplicarán las reducciones de penas, qué mecanismos verificarán el cumplimiento de los compromisos y de qué manera se garantizarán los derechos de las víctimas, incluida su participación en los procedimientos.

Por ahora, el Gobierno busca establecer un marco jurídico que permita a las organizaciones criminales abandonar las armas y someterse a la justicia bajo condiciones definidas. El resultado dependerá del trámite legislativo y de las reglas que finalmente queden incorporadas en la ley.