En respuesta a las denuncias recientes de la Representante Catherine Juvinao sobre una presunta deuda de más de un billón de pesos a universidades públicas por la política de Matrícula Cero, el Ministerio de Educación emitió un comunicado desmintiendo estas afirmaciones y defendiendo la transparencia de su gestión.
¿Existe una deuda con las universidades públicas?
El Ministerio aseguró que no hay deudas millonarias pendientes y explicó que los giros hacia las instituciones de educación superior están en curso. Según la entidad, hasta el momento se han transferido $1,75 billones, equivalentes al 85% de los recursos asignados para la matrícula gratuita este año.
El saldo restante de $319 mil millones está sujeto a un proceso de conciliación de cifras de matrícula, una medida que, según la entidad, garantiza la transparencia y seguridad en el manejo de los recursos. Este procedimiento se realiza en conjunto con las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales.
Récord en presupuesto educativo
El Ministerio destacó que el presupuesto aprobado para 2024 es el más alto en la historia del sector, alcanzando los $70 billones. De este total, $12 billones fueron asignados exclusivamente a la educación superior, lo que, según la entidad, refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la educación pública y la equidad.
A pesar de los ajustes presupuestales realizados, el Ministerio enfatizó que los recursos son suficientes para cumplir con los compromisos establecidos con las universidades públicas.
Rechazo a las acusaciones sobre ICETEX
El comunicado también negó las afirmaciones de que se hayan desviado recursos del ICETEX para financiar la política de gratuidad. Según el Ministerio, estas acusaciones carecen de fundamento. Además, reiteró que los créditos educativos otorgados por el ICETEX son responsabilidad de los beneficiarios y sus familias, no del Estado.
Una apuesta por la gratuidad y la inclusión
El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso con la política de Matrícula Cero, una iniciativa que ha beneficiado a miles de estudiantes de escasos recursos en todo el país. La entidad subrayó que esta política sigue siendo una prioridad para garantizar el acceso a la educación superior como un derecho fundamental y no como un privilegio.
Contexto y retos
A pesar de las aclaraciones del Ministerio, las críticas de algunos sectores políticos han evidenciado las tensiones sobre la sostenibilidad de la política de gratuidad. Las universidades y la comunidad educativa estarán vigilantes de que los recursos lleguen de manera oportuna para evitar afectaciones en el funcionamiento de las instituciones y en los derechos de los estudiantes.
Con este pronunciamiento, el Gobierno busca despejar dudas sobre la gestión de los recursos educativos y reafirmar su compromiso con la educación pública de calidad, gratuita y accesible para todos los colombianos.
