Después de un año en cautiverio, fueron liberados dos agentes de la Dijín que permanecían secuestrados por el ELN, hecho que representa un alivio para sus familias, la Policía Nacional y las autoridades que venían exigiendo su regreso con vida.

Los uniformados habían sido retenidos por esa guerrilla y su caso había generado rechazo nacional, especialmente luego de que el ELN los incluyera dentro de acciones ilegales que fueron cuestionadas por el Gobierno, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y organismos defensores de derechos humanos.

La liberación se convierte en un hecho humanitario de alta relevancia en medio de las tensiones entre el Estado colombiano y el ELN, organización con la que los diálogos de paz han atravesado momentos de crisis por secuestros, ataques armados y falta de garantías para la población civil.

Las autoridades deberán verificar ahora las condiciones de salud de los agentes liberados, quienes recibirán atención médica, acompañamiento institucional y apoyo psicológico tras permanecer durante meses privados de la libertad.

El secuestro de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios judiciales ha sido uno de los puntos más rechazados dentro del conflicto armado, debido a que constituye una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Con esta liberación, sectores políticos y sociales reiteran el llamado al ELN para que entregue a todas las personas que aún permanecen en su poder y abandone definitivamente el secuestro como práctica de presión armada.

La Policía Nacional y las instituciones del Estado mantienen seguimiento al caso, mientras las familias de los uniformados celebran el fin de una espera marcada por la incertidumbre, el dolor y la esperanza de volver a verlos en libertad.