El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Soledad dejó sin efectos las sanciones que habían sido impuestas a la alcaldesa de Soledad, Alcira Paola Sandoval Ibáñez, luego de comprobar que la administración municipal ha avanzado en el cumplimiento de una orden judicial relacionada con la protección de población vulnerable.

La decisión se produjo tras evaluar el proceso derivado de una acción de tutela que ordenaba la atención de 77 personas en condición de vulnerabilidad asentadas en el predio conocido como Finca Los Ángeles. En su análisis, el despacho concluyó que la Alcaldía ha ejecutado acciones concretas, verificables y ajustadas a lo exigido por la justicia, lo que llevó a levantar las medidas de arresto y multa que inicialmente habían sido decretadas.

El fallo determinó que la administración ya cuenta con los recursos necesarios para atender a los beneficiarios, además de haber realizado la oferta formal de subsidios de arrendamiento como mecanismo de apoyo. Sin embargo, el juzgado aclaró que los retrasos registrados no obedecen a una omisión por parte de la mandataria, sino a factores externos como la negativa de algunos ciudadanos a recibir la ayuda y la dificultad para ubicar a otros incluidos en el censo.

En ese sentido, la autoridad judicial aplicó el principio según el cual no es posible sancionar a un funcionario cuando el cumplimiento de la orden depende de la voluntad de terceros, lo que permitió reconocer la actuación de buena fe por parte de la administración municipal. Como resultado, se ordenó el cierre definitivo del incidente de desacato al considerarse acreditado el cumplimiento de la sentencia.

Desde la Alcaldía de Soledad se informó que, a través de la Secretaría de Gestión Social, continuará el proceso de convocatoria y localización de las personas beneficiarias que aún no han formalizado su situación. Para ello, se mantendrán abiertos los canales de atención en el Centro Regional de Atención a Víctimas, con el fin de garantizar que quienes faltan puedan acceder a los beneficios dispuestos.

Este pronunciamiento judicial respalda la gestión adelantada por la administración de Alcira Sandoval y reafirma el compromiso institucional con la garantía de derechos fundamentales, en un contexto donde la atención a poblaciones vulnerables sigue siendo una prioridad en la agenda pública del municipio.