En medio de la creciente preocupación por la vinculación de niños y adolescentes en actividades ilícitas, la administración del gobernador Eduardo Verano lideró una estrategia interinstitucional orientada a proteger a esta población y reforzar el papel de la familia como eje fundamental de prevención.

La iniciativa fue abordada en el marco de la Mesa de Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar, un espacio articulado por la Gobernación del Atlántico, la Secretaría de Salud y el ICBF, que reunió a entidades públicas, academia y autoridades en la Universidad Autónoma del Caribe para analizar el panorama actual y definir acciones concretas.

Durante el encuentro, uno de los principales temas abordados fue la instrumentalización de menores por parte de bandas delincuenciales, una problemática que, aunque no se clasifica como reclutamiento forzado en el departamento, sí evidencia un aumento en la participación de jóvenes en actividades ilegales como vigilancia o “campaneo”.

Las autoridades advirtieron que este fenómeno está asociado a factores como la búsqueda de ingresos económicos, la necesidad de reconocimiento social y la influencia de entornos familiares vulnerables, lo que refuerza la necesidad de intervenir desde el núcleo del hogar. En ese sentido, María Elena Menco, referente de Infancia de la Secretaría de Salud, destacó que la estrategia se enfoca en atender problemáticas clave como la violencia contra menores, la violencia sexual, el embarazo adolescente y la mortalidad infantil.

Como parte de la respuesta institucional, se implementará un diagnóstico departamental basado en la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, con el objetivo de identificar las condiciones reales de los hogares y diseñar intervenciones más efectivas. Lina Vargas, representante regional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, explicó que fortalecer a las familias es esencial para garantizar entornos seguros y prevenir la violencia desde la raíz.

Las cifras expuestas durante la jornada reflejan la magnitud del desafío. En el Atlántico, hasta febrero de 2026 se registraron 13 muertes violentas de menores, mientras que 62 jóvenes han sido rescatados de actividades ilícitas en lo corrido del año. Además, durante 2024 fueron recuperados 318 menores y en 2025 la cifra ascendió a 420, lo que evidencia una tendencia creciente que requiere atención inmediata.

Otro aspecto que genera alerta es el uso de redes sociales para inducir conductas de riesgo entre los jóvenes, incluyendo convocatorias a actos de indisciplina y situaciones de acoso escolar, lo que amplía el desafío hacia los entornos digitales.

Desde la Gobernación también se destacó la importancia de la articulación institucional para tomar decisiones basadas en evidencia. Paola Eljaik, coordinadora de Juventudes, señaló que la integración de sistemas de alerta permitirá mejorar la eficacia de las políticas públicas y responder de manera más oportuna a estas problemáticas.

Adicionalmente, entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil hicieron un llamado a reportar casos de menores fallecidos o desaparecidos para evitar el uso indebido de sus identidades en actividades delictivas, mientras que la fuerza pública y la Fiscalía reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana.

Con estas acciones, el departamento del Atlántico busca consolidar un modelo de prevención que involucre a familias, instituciones educativas y autoridades, entendiendo que la protección de la niñez no solo depende del Estado, sino de un trabajo conjunto que permita garantizar entornos seguros y oportunidades reales para las nuevas generaciones.