Un nuevo avance judicial sacude el caso de la red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, luego de que la Fiscalía General de la Nación decidiera llamar a juicio a uno de sus presuntos articuladores, señalado de facilitar operaciones ilegales mediante sobornos a funcionarios públicos.

El procesado fue identificado como Juan Francisco Solano Barrero, conocido con los alias de “Pacho” o “Millos”, quien deberá responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, Solano Barrero habría tenido un rol estratégico dentro de la estructura criminal, coordinando el ingreso de mercancía ilegal al país mediante el pago de sobornos a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa. Según las autoridades, el monto de estas dádivas superaría los 348 millones de pesos, entregados con el fin de evadir controles en puertos clave como Cartagena.

La Fiscalía sostiene que el acusado no solo facilitaba la entrada de productos de contrabando, sino que también garantizaba su distribución a lo largo del territorio nacional e incluso su salida hacia mercados en países vecinos como Venezuela y Ecuador. Entre los bienes movilizados se encuentran cigarrillos, textiles y artículos de consumo masivo provenientes principalmente de Panamá.

El expediente judicial también revela que, en varias ocasiones, el procesado habría coordinado pagos sistemáticos a funcionarios para asegurar el paso de cargamentos sin restricciones. Incluso, se documentó el presunto financiamiento de un inmueble en Cartagena para beneficiar a un oficial involucrado en la red, lo que evidenciaría el alcance de la estructura y su capacidad de corrupción institucional.

Este llamado a juicio se suma a las investigaciones que avanzan contra alias Papá Pitufo, considerado por las autoridades como uno de los principales responsables del contrabando en Colombia, con una red que habría logrado infiltrar distintas entidades del Estado mediante sobornos y tráfico de influencias.

El proceso judicial marca un paso determinante en el desmantelamiento de esta organización criminal, mientras las autoridades continúan rastreando a otros posibles implicados y fortaleciendo las acciones para combatir el contrabando, una de las economías ilegales que más afecta las finanzas del país.

Con este caso, la justicia colombiana busca enviar un mensaje contundente frente a las redes de corrupción que permiten el ingreso de mercancía ilegal, en un contexto donde el control aduanero y la transparencia institucional siguen siendo desafíos clave para el Estado.