La Corte Suprema de Justicia decidió que los expresidentes del Congreso Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, continuarán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal rechazó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por las defensas de ambos excongresistas, al considerar que aún no se cumplen los requisitos legales para conceder ese beneficio.

La decisión de la Sala Especial de Primera Instancia se fundamenta en que el proceso todavía tiene pendiente una prueba considerada clave: el testimonio de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien permanece en el exterior y es investigado dentro del mismo expediente. Según la Corte, cuando existen pruebas que deben practicarse fuera del país, la ley permite ampliar el plazo para el inicio del juicio de seis meses a un año, por lo que no se configura el vencimiento de términos alegado por la defensa.

En el auto judicial, los magistrados señalaron que las autoridades han realizado gestiones para ubicar a Carlos Ramón González y coordinar la recepción de su declaración, diligencia que resulta determinante para el desarrollo del juicio. Mientras esa prueba no pueda practicarse, el proceso continúa dentro de los tiempos establecidos por la legislación colombiana, razón por la cual la medida de aseguramiento sigue vigente para ambos procesados.

Iván Name y Andrés Calle son investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, un caso que involucra el supuesto desvío de recursos públicos y el pago de sobornos a altos funcionarios y congresistas. Ambos han negado las acusaciones y sostienen que son inocentes, mientras la Corte Suprema avanza hacia la etapa de juicio para determinar si existieron responsabilidades penales.

Con esta decisión, los dos exdirigentes del Congreso permanecerán recluidos mientras continúan las actuaciones judiciales. El caso de la UNGRD sigue siendo uno de los expedientes por presunta corrupción con mayor impacto político en Colombia, debido a la cantidad de exfuncionarios y dirigentes que han sido vinculados a las investigaciones por el presunto manejo irregular de recursos destinados a la atención de emergencias en el país.