El concejal de Bogotá Rolando González advirtió durante un debate de control político que más de 320 mil subsidios destinados a población vulnerable no cuentan actualmente con trazabilidad clara dentro del programa Ingreso Mínimo Garantizado, situación que, según afirmó, evidencia fallas institucionales en el manejo de las transferencias monetarias en la capital del país.
El cabildante de Cambio Radical aseguró que Bogotá no estaría completamente preparada para enfrentar la transición del Sisbén hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos, modelo nacional de focalización social que comenzará a operar en julio de 2026.
Durante el debate, González reveló cifras según las cuales entre enero y marzo de 2026 se enviaron 669 mil transferencias monetarias, pero 329 mil continúan pendientes de validación, lo que significa que no existe plena confirmación sobre la entrega efectiva de esos recursos a los beneficiarios.
El informe presentado señala que los pagos pendientes de validación han venido aumentando progresivamente. En enero se reportaron 20.401 casos; en febrero la cifra subió a 75.974 y en marzo alcanzó 232.603 transferencias pendientes.
Rolando González también cuestionó el bajo desempeño del indicador institucional de gestión de transferencias, que durante 2025 apenas alcanzó un cumplimiento del 52 por ciento. Según explicó, esto significa que poco más de la mitad de los pagos enviados pudieron ser verificados exitosamente.
Otro de los puntos expuestos en el debate fue la alta dependencia que mantiene Bogotá del Sisbén para focalizar programas sociales. De acuerdo con las cifras reveladas, cerca de 952 mil millones de pesos de la oferta social de la Secretaría Distrital de Integración Social para 2026 están asociados a este instrumento, equivalente al 44 por ciento de los recursos destinados a programas sociales.
El concejal también expresó preocupación por el aumento de actualizaciones automáticas del puntaje Sisbén mediante registros administrativos y no a través de encuestas directas a los ciudadanos. Según indicó, cerca del 90 por ciento de las personas registradas en el sistema tuvieron modificaciones recientes en su clasificación social sin necesidad de nuevas visitas o solicitudes formales.
La discusión se da en medio de los ajustes que adelanta el Gobierno Nacional para modernizar los mecanismos de focalización de subsidios y transferencias monetarias, proceso que ha generado alertas sobre la capacidad operativa de las entidades territoriales para garantizar transparencia, seguimiento y entrega efectiva de los recursos destinados a la población más vulnerable de Bogotá.
