El Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un contrato por 13 meses con Thomas Greg & Sons para garantizar la producción de pasaportes en Colombia. El acuerdo, por $240.000 millones, se firmó bajo la figura de urgencia manifiesta y con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, en medio de las dificultades que enfrenta la implementación del nuevo modelo de expedición de estos documentos.
La expedición de pasaportes en Colombia continuará respaldada por Thomas Greg & Sons durante los próximos 13 meses, luego de que la Cancillería formalizara un nuevo contrato por $240.000 millones. La contratación se realizó mediante la figura excepcional de urgencia manifiesta, con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, para garantizar la continuidad de un servicio esencial para los ciudadanos.
La decisión se produce después de que el 17 de septiembre de 2026 el Ministerio de Relaciones Exteriores declarara la urgencia manifiesta para evitar interrupciones en el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.
El escenario se originó tras una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 2 de septiembre suspendió provisionalmente la ejecución de instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes. Entre los aspectos señalados por el tribunal se encuentran la necesidad de acreditar los soportes fiscales para comprometer vigencias futuras y de esclarecer asuntos relacionados con la planeación, los cronogramas y el estado real de la operación.
Un modelo de expedición que sigue en transición
La contratación vuelve a poner sobre la mesa los retos que ha enfrentado el Gobierno nacional para modificar el esquema de producción de pasaportes. La apuesta oficial contempla una mayor participación de la Imprenta Nacional, con cooperación internacional, para avanzar hacia un modelo distinto al que durante años ha operado con participación de Thomas Greg & Sons.
En septiembre, la Cancillería explicó que la contratación derivada de la urgencia manifiesta tendría un carácter transitorio, mientras se estructura un proceso de licitación pública para atender de manera permanente la necesidad del servicio. El Ministerio también indicó que los documentos contractuales y los antecedentes de la declaratoria serían remitidos a la Contraloría General de la República para el control fiscal correspondiente.
Con el nuevo contrato, el desafío para las autoridades será garantizar que los ciudadanos puedan continuar tramitando sus pasaportes sin interrupciones, mientras se resuelven los asuntos administrativos, fiscales y operativos que rodean la implementación del nuevo modelo.







