Un juez con función de control de garantías en Antioquia pidió que se investigue al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por el trato que recibieron varios detenidos durante un procedimiento judicial, entre ellos Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay.

La solicitud se conoció el domingo 15 de noviembre de 2026, luego de que el juez compulsara copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, organismo encargado de tramitar las investigaciones contra el jefe de Estado.

La información fue divulgada por Caracol Radio, que señaló que la actuación judicial busca que se examinen los hechos relacionados con el trato que recibieron los capturados. La remisión de copias no constituye una declaración de responsabilidad contra De La Espriella, sino una solicitud para que la autoridad competente determine si existen motivos para abrir una investigación.

Entre los detenidos mencionados está Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, señalado por las autoridades de tener vínculos con estructuras armadas ilegales y de participar en hechos violentos en Antioquia. Su captura fue reportada el 14 de noviembre, en una operación de la Fuerza Pública en la que participaron unidades del Ejército, la Policía y organismos judiciales.

Uñates López es investigado por presuntos vínculos con homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y otros delitos. También ha sido relacionado con el ataque contra un helicóptero policial en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados, y con el asesinato del periodista Mateo Pérez. Estas acusaciones deberán ser examinadas dentro de los respectivos procesos judiciales.

La controversia surgió después de que se conocieran pronunciamientos del presidente sobre la captura de alias Primo Gay y otro señalado integrante de una estructura criminal, conocido como alias Pata de Palo. De La Espriella afirmó que los detenidos deberán responder ante la justicia y sostuvo que las operaciones de la Fuerza Pública se realizaron dentro del marco constitucional y legal.

Ahora, la Comisión de Investigación y Acusación deberá evaluar la documentación recibida y establecer si procede alguna actuación formal. El caso abre una discusión sobre los límites del trato a las personas capturadas y la obligación de las autoridades de respetar las garantías legales, independientemente de la gravedad de los delitos que se les atribuyan.

La investigación solicitada deberá determinar las circunstancias concretas de lo ocurrido y establecer si existe fundamento para atribuir alguna responsabilidad. Por ahora, no hay una decisión judicial que declare culpable al presidente por los hechos señalados.