El proyecto de ley de sometimiento a la justicia abrió un nuevo debate político en Colombia por las condiciones que tendrían que cumplir las organizaciones criminales para abandonar las actividades ilegales y acceder a beneficios penales. Mientras sectores del Gobierno defienden la iniciativa como una herramienta para desmantelar estas estructuras, congresistas de distintas corrientes advierten sobre los riesgos de conceder reducciones de penas a sus integrantes y a terceros vinculados con el lavado de activos.

La discusión quedó expuesta durante un debate en el espacio, donde la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, presentaron sus diferencias sobre el alcance de la propuesta, los controles judiciales y las responsabilidades que deben asumir quienes pretendan someterse a la justicia.

La iniciativa busca establecer un mecanismo para que integrantes de organizaciones criminales entreguen las armas, abandonen las economías ilegales, colaboren con las autoridades y aporten información que permita identificar a otros responsables. El acceso a los beneficios dependería del cumplimiento de las condiciones previstas en la norma y de la intervención de las autoridades judiciales.

Isabel Zuleta pide que la ley incluya a los máximos responsables

Durante el debate, Isabel Zuleta defendió la necesidad de contar con una ley que permita el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales, pero advirtió que el proceso debe incluir a los máximos responsables y a los mandos medios. Según la senadora, concentrarse únicamente en los integrantes de menor rango no garantizaría la desaparición de las estructuras ilegales.

La congresista señaló que dejar por fuera a quienes dirigen estas organizaciones podría poner en riesgo a los miembros que decidan abandonar las actividades criminales, debido a que las redes de mando y control podrían mantenerse activas.

Zuleta también expresó reparos frente al tratamiento previsto para los menores reclutados por grupos armados. Insistió en que los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como víctimas de la violencia y del reclutamiento forzado, y no tratados simplemente como integrantes de estas organizaciones.

Otro de los puntos que cuestionó fue el alcance de los beneficios contemplados para terceros vinculados con delitos económicos, especialmente el lavado de activos, el testaferrato y el enriquecimiento ilícito.

Hernán Cadavid defiende condiciones más estrictas para el sometimiento

Por su parte, Hernán Cadavid defendió la propuesta al considerar que establece mayores exigencias para los integrantes de las organizaciones criminales. El congresista sostuvo que los beneficios deben estar condicionados a compromisos verificables y que el Estado no puede permitir que los grupos ilegales impongan las condiciones de su propia desmovilización.

Cadavid destacó la participación de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces de la República en los procedimientos, al señalar que las decisiones deben contar con controles judiciales y no depender exclusivamente de funcionarios administrativos.

El representante también defendió las restricciones a los beneficios para quienes hayan participado en el reclutamiento de menores y respaldó condiciones más exigentes para los terceros que hayan colaborado con las estructuras criminales mediante el ocultamiento de bienes o el manejo de recursos ilícitos.

Los testaferros y el lavado de activos concentran parte de la controversia

Uno de los asuntos más discutidos es el tratamiento penal que recibirían las personas que, sin pertenecer directamente a las estructuras armadas, hayan contribuido a ocultar o administrar bienes provenientes de actividades ilegales.

La controversia gira alrededor de las condiciones para acceder a beneficios judiciales, la entrega de los bienes y la verificación de la información suministrada a las autoridades.

En el debate legislativo se planteó que determinados terceros condenados por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito tendrían que cumplir un periodo de tres años antes de acceder a ciertos beneficios, en lugar del plazo de un año contemplado inicialmente para ese supuesto. La finalidad de esta modificación sería permitir una verificación más rigurosa de los bienes y de las obligaciones asumidas.

La Fiscalía tendría un papel central en la comprobación de la información patrimonial y en la identificación de los recursos que podrían destinarse a la reparación de las víctimas. Sin embargo, las condiciones definitivas dependerán del texto que apruebe el Congreso y de las reglas que se establezcan para su aplicación.

La Ley 1908 también genera diferencias

Otro de los puntos discutidos fue la aplicación de disposiciones de la Ley 1908, especialmente las relacionadas con el levantamiento de órdenes de captura dentro de determinados procedimientos.

Isabel Zuleta manifestó que estas actuaciones deben realizarse con reglas claras y de manera transparente. La senadora expresó preocupación por la posibilidad de que algunas decisiones queden sujetas a interpretaciones amplias del Gobierno y pidió que los mecanismos de sometimiento tengan límites definidos.

Cadavid, en contraste, defendió un modelo en el que el Estado mantenga el control de las condiciones y las organizaciones criminales tengan que demostrar su voluntad de abandonar las actividades ilegales.

Las diferencias reflejan dos preocupaciones centrales en el Congreso: cómo facilitar la desmovilización de los grupos criminales y, al mismo tiempo, evitar que los beneficios judiciales se conviertan en un incentivo para mantener las economías ilegales o eludir las responsabilidades penales.

El proyecto todavía debe completar su trámite en el Congreso

La iniciativa superó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes y debe continuar su discusión en las plenarias de ambas corporaciones. Su trámite también está relacionado con la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, cuya vigencia está próxima a vencer.

El proyecto contempla beneficios penales sujetos al cumplimiento de compromisos como la entrega de armas y bienes, la colaboración con la justicia y el suministro de información sobre las estructuras criminales. También plantea obligaciones relacionadas con las víctimas y con el desmantelamiento de las economías ilegales.

La discusión continuará centrada en los límites de esos beneficios, los mecanismos de control judicial y las garantías para evitar que las organizaciones mantengan sus redes financieras y operativas después de acogerse al procedimiento.

Por ahora, la propuesta no se ha convertido en ley. Su contenido puede cambiar durante los debates pendientes, en los que el Congreso deberá definir hasta dónde llegarán los beneficios, qué obligaciones serán exigibles y cómo se comprobará que quienes se sometan a la justicia cumplan efectivamente sus compromisos.