La Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia información relacionada con seis excongresistas del partido Comunes, para que se evalúe si existen elementos que permitan investigar su posible responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La decisión se conoció el miércoles 21 de octubre de 2026, después de una solicitud presentada por el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Los excongresistas mencionados son Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’. La remisión busca que la Corte Suprema, dentro de sus competencias, examine la información y determine si corresponde iniciar actuaciones judiciales.

La decisión se produce tras las declaraciones públicas de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, quien pidió profundizar las investigaciones sobre los posibles responsables del crimen y señaló que la orden del atentado podría haber surgido desde el Congreso. Sus afirmaciones hacen parte de las hipótesis que deben ser verificadas por las autoridades y no constituyen, por sí mismas, una prueba de responsabilidad contra las personas mencionadas.

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía revisar los señalamientos, establecer posibles conexiones y determinar si correspondía trasladar la información al alto tribunal. La Fiscalía ordenó la compulsa de copias el 20 de octubre y formalizó la comunicación al día siguiente.

El procedimiento, conocido como compulsa de copias, consiste en remitir información a otra autoridad para que examine los hechos dentro de sus competencias. En este caso, la Corte Suprema tiene la facultad de investigar penalmente a congresistas y a personas que, por su condición, estén cobijadas por fuero constitucional. El envío de la documentación no significa que los excongresistas sean responsables del asesinato ni confirma que se haya probado su participación.

La Fiscalía también informó que la investigación por el atentado contra Miguel Uribe Turbay está a cargo de un grupo especial de tareas conformado el 19 de junio de 2025, bajo la dirección de la Seccional Bogotá. El equipo cuenta con cuatro fiscales adicionales y el apoyo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de unidades especializadas de la Policía Nacional.

Dentro de las labores investigativas está el análisis de mensajes, conversaciones y otros elementos aportados por María Claudia Tarazona y su equipo jurídico. Las autoridades deben establecer la autenticidad de ese material, su procedencia y si contiene información relevante para identificar a quienes habrían participado en la planeación o ejecución del crimen.

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió el 11 de agosto de ese mismo año, después de permanecer hospitalizado por las heridas sufridas. El caso generó una investigación de gran alcance para esclarecer quiénes ordenaron el ataque, cómo se organizó y qué personas pudieron intervenir en sus distintas etapas.

Con la remisión de la información a la Corte Suprema, el proceso abre una nueva línea de revisión sobre los señalamientos relacionados con antiguos integrantes del Congreso. Ahora corresponderá a las autoridades competentes evaluar los elementos disponibles y determinar si hay fundamentos para avanzar en actuaciones judiciales, mientras la Fiscalía continúa con la investigación del asesinato.