El presidente Abelardo De La Espriella anunció una nueva estrategia del Gobierno para seguir de cerca el manejo de los recursos públicos y detectar posibles irregularidades antes de que el dinero termine comprometido.
La decisión fue presentada este 4 de octubre de 2026 y contempla revisar contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, dentro de los límites que establece la ley.
El mandatario fue directo al explicar el propósito de la medida. “La plata pública es sagrada”, afirmó De La Espriella, quien también advirtió que quienes intenten apropiarse de recursos del Estado tendrán que responder ante las autoridades.
Un control que comenzará por contratos y entidades públicas
La estrategia será coordinada por el denominado Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
De acuerdo con el Gobierno, la idea es que el Estado no espere a que ocurra un posible desfalco para comenzar a investigar. El seguimiento buscará identificar movimientos o actuaciones que puedan generar alertas y trasladar la información a las autoridades correspondientes.
El presidente también aseguró que la revisión no estará limitada a funcionarios de menor nivel. Alcaldes, gobernadores, ministros, directores, contratistas y personas relacionadas con la administración pública estarán sujetos a los controles cuando exista competencia para hacerlo.
“No quiero otra oficina burocrática. Quiero resultados, información, tecnología, analítica y coordinación”, sostuvo el mandatario.
Auditoría al contrato de CiberPaz
Uno de los primeros casos anunciados por el Gobierno está relacionado con el contrato interadministrativo 1166 de 2026 del programa CiberPaz, por un valor de 14.984 millones de pesos.
El presidente ordenó una auditoría forense para determinar cómo fueron utilizados esos recursos, cuánto costaron las actividades contratadas, dónde se realizaron y quiénes participaron o certificaron su ejecución.
El contrato fue celebrado entre la anterior administración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Pamplona.
De La Espriella pidió establecer si los gastos tienen una justificación verificable y, en caso de encontrar posibles delitos, faltas disciplinarias o detrimento patrimonial, trasladar la información a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
También habrá vigilancia sobre universidades públicas
La ofensiva incluye a instituciones de educación superior públicas.
El Gobierno anunció que fortalecerá las labores de inspección y vigilancia sobre la Universidad de Córdoba y la Universidad de Pamplona. En el caso de la Universidad de Córdoba, De La Espriella mencionó directamente al rector Jairo Torres Oviedo y señaló que se revisarán, dentro de las competencias del Gobierno, aspectos relacionados con la rectoría, procesos electorales y cumplimiento de los estatutos.
El presidente hizo una precisión frente a la autonomía universitaria. Según explicó, esta debe ser respetada, pero no puede interpretarse como ausencia de controles sobre los recursos públicos.
Cristina Lombana asumirá la Secretaría de Transparencia
Otro de los anuncios tiene que ver con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
La magistrada Cristina Lombana asumirá esa responsabilidad después de finalizar su periodo en la Corte Suprema de Justicia, previsto para el 8 de octubre de 2026.
Su tarea será coordinar buena parte de las acciones destinadas a detectar posibles irregularidades y hacer seguimiento al uso de los recursos estatales.
El Gobierno plantea utilizar información, análisis de datos y herramientas tecnológicas para identificar patrones que puedan generar alertas en la contratación pública.
La revisión también alcanzará contratos de gobiernos anteriores
De La Espriella anunció además que su administración revisará tanto los contratos que se suscriban durante su Gobierno como aquellos que recibió de la administración anterior.
La intención, según explicó, es seguir el recorrido del dinero desde la contratación hasta su ejecución y verificar quiénes aparecen como beneficiarios cuando la legislación permita acceder a esa información.
El presidente insistió en que cualquier hallazgo deberá ser llevado a las entidades competentes y que las investigaciones deberán desarrollarse respetando el debido proceso.
El caso de Sincelejo también entra en la discusión
La ofensiva anticorrupción fue anunciada en medio de la controversia que el presidente mantiene con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.
Durante su reciente visita a Sucre, De La Espriella cuestionó los antecedentes e investigaciones que rodean al mandatario local y dejó claro que los recursos nacionales destinados a Sincelejo tendrán controles.
El presidente sostuvo que no pretende reemplazar a los jueces ni anticipar decisiones judiciales, pero afirmó que tampoco ignorará las situaciones que puedan generar dudas sobre el manejo de los recursos públicos.
“Yo no condeno ni reemplazo a los jueces. Tampoco cierro los ojos”, afirmó.
La advertencia del Gobierno
El mensaje de De La Espriella tiene un punto central: la inversión pública continuará, pero estará acompañada de mayores controles.
El Gobierno asegura que la estrategia busca actuar antes de que se produzcan posibles pérdidas de recursos y no solamente investigar después de que ocurran.
“Por cada peso que mande, yo mismo voy a verificar las obras”, afirmó el presidente, al explicar que su administración pretende hacer seguimiento a la ejecución de los recursos públicos.
La estrategia apenas comienza. Ahora el reto será convertir los anuncios en auditorías, investigaciones y resultados concretos, y establecer responsabilidades únicamente cuando las autoridades competentes encuentren evidencias y tomen las decisiones correspondientes.
