El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que los congresistas del Centro Democrático continuarán promoviendo en el Congreso una propuesta para aliviar la carga económica que enfrentan miles de propietarios en Colombia por los incrementos de los avalúos catastrales.
El pronunciamiento se conoció el 16 de noviembre de 2026, a través de una publicación en su cuenta de X, en la que el exmandatario pidió buscar el respaldo del Gobierno nacional y de otras fuerzas políticas para avanzar con el proyecto.
Uribe sostuvo que, en distintas regiones del país, los aumentos de los avalúos han alcanzado niveles que considera desproporcionados y que pueden terminar afectando la economía de familias, campesinos y propietarios de inmuebles.
La discusión tiene un impacto directo en el impuesto predial, ya que el avalúo catastral sirve como referencia para determinar la base gravable sobre la cual se calcula este tributo. Cuando el valor de un inmueble aumenta de manera considerable, el pago puede subir, aunque el incremento final también depende de las tarifas, los límites legales y las condiciones de cada municipio.
El proyecto busca poner límites a los aumentos
La iniciativa se suma a otras propuestas legislativas que buscan establecer reglas para evitar incrementos excesivos en los avalúos catastrales y en el impuesto predial.
Entre ellas se encuentra el Proyecto de Ley 159 de 2026, radicado el 30 de julio, que plantea límites a las variaciones de los avalúos y a los incrementos del impuesto, con diferencias según se trate de predios actualizados o no actualizados.
La propuesta contempla, entre otros puntos, topes para determinados incrementos del impuesto predial y ajustes en las tarifas aplicables a los inmuebles residenciales. Su objetivo es dar mayor previsibilidad a los propietarios y evitar que las actualizaciones catastrales generen obligaciones económicas difíciles de asumir.
También figura el Proyecto de Ley 431 de 2026, presentado el 13 de octubre, que busca establecer mecanismos de protección para los contribuyentes y reglas sobre los aumentos anuales del impuesto.
El alcance definitivo de estas iniciativas dependerá del trámite legislativo, de los cambios que se introduzcan durante los debates y de la aprobación del Congreso.
Saravena y La Dorada, entre los casos que generaron cuestionamientos
La discusión tomó fuerza después de que congresistas expresaran inquietudes por los aumentos registrados en distintas zonas rurales del país tras los procesos de actualización catastral.
El representante a la Cámara José Octavio Cardona llamó la atención sobre variaciones extraordinarias reportadas en algunas zonas geoeconómicas de Saravena, en Arauca, y La Dorada, en Caldas.
Según las cifras que expuso en el debate, en determinados sectores de Saravena el avalúo catastral habría aumentado hasta un 2.150.000 %, mientras que en algunas áreas de La Dorada el incremento habría alcanzado el 386.000 %.
Estos porcentajes fueron presentados como ejemplos de las variaciones que deben ser revisadas y explicadas por las autoridades competentes. No significan que todos los predios de esos municipios hayan registrado los mismos aumentos ni que el impuesto predial haya subido automáticamente en idéntica proporción.
Los cuestionamientos llevaron a solicitar explicaciones al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sobre los criterios técnicos y las metodologías utilizadas para establecer los nuevos valores catastrales.
El debate también involucra a los municipios
El impuesto predial es una de las fuentes de ingresos propios de los municipios y financia parte de sus gastos e inversiones. Por eso, cualquier modificación de las reglas debe tener en cuenta tanto la capacidad de pago de los contribuyentes como la estabilidad de las finanzas territoriales.
Los defensores de establecer límites sostienen que las actualizaciones deben hacerse con criterios técnicos y sin producir aumentos que los propietarios no puedan asumir. Al mismo tiempo, las autoridades deben garantizar que los avalúos reflejen de manera razonable las condiciones de los inmuebles y que las decisiones no generen distorsiones en el recaudo municipal.
La discusión, por tanto, no se limita a reducir el valor de los impuestos. También busca definir cómo se actualizan los predios, qué mecanismos de reclamación tienen los ciudadanos y cuáles deben ser los límites para evitar cambios abruptos en sus obligaciones.
El Centro Democrático buscará respaldo para la propuesta
Álvaro Uribe insistió en que su bancada debe continuar las conversaciones con el Gobierno nacional y los demás partidos para conseguir que el proyecto avance en el Congreso.
La propuesta busca responder a las quejas de propietarios que han manifestado preocupación por los nuevos avalúos y por el efecto que estos pueden tener sobre sus pagos anuales.
Por ahora, la iniciativa no representa un cambio automático en las obligaciones tributarias de los colombianos. Los propietarios deben seguir atendiendo las reglas vigentes mientras se define el futuro de los proyectos que buscan modificar el sistema.
El resultado del debate legislativo será clave para establecer si se aprueban nuevos topes, cómo se aplicarán y qué mecanismos tendrán los ciudadanos para solicitar la revisión de avalúos que consideren incorrectos o excesivos.





