El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó el tono del debate político tras referirse al paro campesino que ha generado bloqueos y afectaciones en varias regiones del país, especialmente en el departamento de Santander, donde se vive una creciente tensión entre autoridades locales y el Gobierno Nacional.
Durante su pronunciamiento, el mandatario cuestionó directamente al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, señalando que su rol no debe ser el de desinformar a la ciudadanía frente a las causas del conflicto, en medio de las protestas relacionadas con el avalúo catastral y el impuesto predial.
El jefe de Estado insistió en que el origen del descontento ha sido malinterpretado por algunos sectores, asegurando que el ajuste de los avalúos responde a disposiciones legales y que las tarifas del impuesto no dependen del Gobierno Nacional, sino de decisiones adoptadas por los concejos municipales.
En ese contexto, Petro hizo un llamado a las autoridades locales para que lideren acuerdos que permitan aliviar la carga tributaria de los sectores más vulnerables, proponiendo que los municipios establezcan esquemas donde los ciudadanos con menores ingresos paguen menos impuestos, mientras que los de mayor capacidad económica asuman una mayor contribución.
El pronunciamiento del mandatario se da en medio de bloqueos que han afectado la movilidad, el transporte de alimentos y la economía regional, generando preocupación entre distintos sectores productivos y sociales.
Además, el presidente fue enfático en advertir que no permitirá afectaciones al abastecimiento de alimentos en el país, señalando que el Gobierno actuará conforme a la ley si las manifestaciones continúan generando impactos sobre la seguridad alimentaria de los colombianos.
El conflicto también ha puesto sobre la mesa el debate sobre el catastro multipropósito y su impacto en el sector rural, una medida que busca actualizar el valor de los predios, pero que ha sido interpretada por algunos sectores como un aumento en la carga tributaria.
En medio de este escenario, el Gobierno Nacional ha insistido en la necesidad de avanzar en diálogos y acuerdos territoriales que permitan superar la crisis, mientras las autoridades locales continúan solicitando soluciones urgentes para restablecer el orden público y garantizar la normalidad en las regiones afectadas.
La situación mantiene en alerta al país, en un contexto donde las tensiones sociales y políticas se intensifican y ponen a prueba la capacidad de articulación entre los distintos niveles de gobierno para resolver las demandas del sector campesino sin afectar la estabilidad económica y social.






