La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de iniciar operativos para identificar y deportar a extranjeros en situación migratoria irregular abrió un nuevo debate en Colombia. Mientras el Gobierno plantea reforzar el control migratorio y priorizar a quienes estén involucrados en delitos, expertos advierten que una estrategia basada principalmente en deportaciones podría resultar difícil de ejecutar y muy costosa para el Estado.

El tema fue analizado por Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, quien explicó que Colombia enfrenta un reto de grandes proporciones debido al número de ciudadanos venezolanos que permanecen en el país sin haber regularizado su situación.

De acuerdo con la cifra de Migración Colombia mencionada durante la entrevista, cerca de 847.894 venezolanos estarían actualmente en condición irregular. Para Rodríguez, intentar deportar a una población de ese tamaño implicaría un esfuerzo logístico y económico considerable. Su conclusión fue directa: sería “terriblemente costoso”.

El investigador planteó que el problema no debería abordarse únicamente desde la deportación. A su juicio, la regularización también puede ser una herramienta de seguridad, porque permite al Estado saber quiénes están en el territorio, dónde se encuentran y cuál es su situación.

Rodríguez recordó que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela y que durante los últimos años recibió a millones de ciudadanos que salieron de ese país debido a la crisis económica y política. En ese contexto, sostuvo que mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos permitieron al Estado avanzar en la identificación de esta población mediante datos biométricos y documentación.

El experto hizo una precisión frente al discurso de seguridad. Estar en condición migratoria irregular no significa necesariamente que una persona haya cometido un delito. Por eso, consideró necesario diferenciar entre quienes no tienen sus documentos en regla y quienes efectivamente participan en actividades criminales.

La posición del Gobierno de De la Espriella va en otra dirección. El mandatario ordenó que las operaciones conjuntas entre Migración Colombia y la Policía comiencen esta semana y estableció como primera prioridad a los extranjeros que estén cometiendo delitos. Después, según su instrucción, se procederá con quienes permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria.

La medida tendría un impacto especialmente fuerte sobre la población venezolana, que representa la mayoría de los migrantes extranjeros en Colombia. Según cifras citadas recientemente, alrededor de 2,8 millones de venezolanos viven actualmente en el país y cerca de 850.000 estarían en situación irregular.

Otro de los puntos señalados por Ronald Rodríguez tiene que ver con los menores de edad. De acuerdo con las cifras expuestas durante la entrevista, unos 193.213 niños, niñas y adolescentes venezolanos permanecerían en condición irregular.

Para el investigador, mantener a esta población sin identificación y sin una situación migratoria definida también puede generar riesgos, especialmente frente al reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Por eso insiste en que regularizar no significa dejar de ejercer control, sino contar con más herramientas para hacerlo.

El debate también pone sobre la mesa la capacidad que tiene actualmente el Estado colombiano para ejecutar una operación de deportación de semejante magnitud. Además del costo de los procedimientos, se requiere coordinación entre las autoridades migratorias, la Policía y las entidades encargadas de verificar cada caso.

La política anunciada por De la Espriella representa un cambio frente al enfoque migratorio que Colombia había mantenido durante los últimos años, particularmente con la población venezolana. El Gobierno sostiene que quienes permanezcan en el país deben cumplir las normas, mientras expertos en migración plantean que el control puede combinarse con mecanismos de regularización.

La discusión apenas comienza. Para el Gobierno, el objetivo es recuperar el control sobre la situación migratoria y actuar primero contra quienes representen un riesgo para la seguridad. Para especialistas como Ronald Rodríguez, una deportación masiva no solo sería difícil de ejecutar, sino que podría tener un costo muy alto y terminar siendo menos efectiva que una estrategia que combine identificación, regularización y persecución de quienes realmente estén involucrados en delitos.

El reto para Colombia será encontrar un equilibrio entre el control de sus fronteras, la aplicación de la ley y la realidad de millones de personas que ya hacen parte de la vida económica y social del país.