El Gobierno Nacional puso nuevamente la lupa sobre el uso ilegal de celulares dentro de las cárceles, ante las denuncias sobre llamadas utilizadas para coordinar extorsiones y otras actividades criminales desde los centros penitenciarios.

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, sostuvo una reunión con la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y representantes de los operadores móviles Claro, WOM y Tigo, con el objetivo de revisar qué mecanismos pueden aplicarse para restringir las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos carcelarios.

La discusión parte de un problema que las autoridades vienen señalando desde hace varios años: el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad para mantener contacto con estructuras criminales que permanecen en las calles y, en algunos casos, impartir instrucciones relacionadas con extorsiones.

El reto está en bloquear sin afectar a quienes están afuera

Uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno es técnico. No se trata simplemente de apagar la señal en una cárcel, porque cualquier medida debe evitar que termine afectando las comunicaciones legítimas de las personas que viven o trabajan alrededor de los establecimientos penitenciarios.

Por eso, durante la reunión se revisaron las herramientas que ya existen, los mecanismos que han sido implementados y las dificultades que todavía persisten para lograr un control efectivo de las comunicaciones ilegales.

Los operadores móviles tendrán un papel importante en este proceso, debido a que conocen la infraestructura de las redes y pueden aportar alternativas para identificar y limitar determinados patrones de comunicación sin generar afectaciones indiscriminadas.

Iván Cancino quiere resultados concretos

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la mesa de trabajo permitió establecer compromisos para continuar buscando soluciones técnicas y operativas.

La intención del Gobierno es que las medidas no se queden únicamente en nuevas discusiones, sino que permitan reforzar los controles dentro de los centros penitenciarios y reducir la posibilidad de que las cárceles sigan siendo utilizadas como puntos de coordinación de delitos.

Esta decisión también se conecta con la política de seguridad que viene implementando el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en el sistema penitenciario. El Ejecutivo ya ratificó al coronel Daniel Gutiérrez como director del Inpec y ha anunciado una estrategia para recuperar el control de las cárceles y evitar que desde ellas se sigan manejando actividades criminales.

Las nuevas medidas todavía no están definidas

Por ahora, el Gobierno no ha anunciado un mecanismo específico ni una fecha definitiva para la aplicación de las nuevas restricciones.

La prioridad será determinar qué soluciones pueden implementarse en los diferentes establecimientos penitenciarios del país y cómo garantizar que las medidas sean efectivas sin terminar perjudicando a los usuarios que utilizan legalmente las redes móviles.

La discusión cobra especial importancia frente al fenómeno de la extorsión. Las autoridades han advertido que las estructuras criminales han encontrado diferentes formas de utilizar las comunicaciones para amenazar a comerciantes, empresarios y ciudadanos.

El Gobierno continuará trabajando con los operadores de telefonía y el Ministerio TIC para definir las próximas acciones.

El objetivo está claro: impedir que una persona privada de la libertad pueda seguir utilizando un teléfono ilegal dentro de una cárcel para mantener el control de actividades delictivas en las calles.

Las decisiones finales serán anunciadas en los próximos días, mientras el Gobierno busca que la tecnología se convierta en una herramienta para recuperar el control de las comunicaciones dentro del sistema penitenciario colombiano.