Un nuevo caso de presunta corrupción dentro de la Policía Nacional es materia de investigación en Ibagué, luego de que una patrullera fuera capturada cuando, al parecer, intentaba ingresar sustancias estupefacientes y teléfonos celulares a la Permanente Central, un centro de detención transitoria ubicado sobre la avenida Ferrocarril con calle 21 de la capital del Tolima.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la uniformada fue identificada como Diana Castañeda, quien prestaba servicio como centinela en ese lugar de reclusión. Según las primeras versiones, habría sido sorprendida durante un procedimiento de control cuando presuntamente llevaba consigo marihuana, bazuco, otras sustancias ilícitas y varios equipos celulares que, al parecer, tenían como destino personas privadas de la libertad.

Tras el hallazgo, la patrullera fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder inicialmente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades también buscan establecer si existen otras personas involucradas y si estos hechos hacían parte de una red dedicada al ingreso ilegal de elementos prohibidos a centros de detención.

En un comunicado oficial, la Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción asumió la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades disciplinarias y administrativas de la uniformada.

“La Policía Metropolitana, a través de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción, adelanta la investigación de estos hechos, garantizando el debido proceso y el cumplimiento de la Constitución y la ley”, señaló la institución en su pronunciamiento.

La Policía Nacional también reiteró que mantendrá total colaboración con las autoridades judiciales y aseguró que no tolerará actuaciones que vulneren los principios éticos y la transparencia que deben regir el servicio policial.

Por ahora, las autoridades no han informado si la patrullera fue suspendida de sus funciones mientras avanza el proceso disciplinario ni si enfrentará otras imputaciones relacionadas con el presunto ingreso de celulares a la Permanente Central, un elemento cuya presencia está prohibida dentro de estos centros de reclusión.

El caso continúa bajo investigación y será la Fiscalía la encargada de definir la situación jurídica de la uniformada, mientras se recopilan las pruebas y testimonios que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y si existen más personas comprometidas en este presunto acto de corrupción.